ETA

La Justicia confirma su cambio de rasero tras el fracaso del proceso de paz

Por A. Requeijo/A. Rigueiro4 min

España30-04-2008

“Adaptar la ley a las circunstancias del momento”. Aquellas palabras pronunciadas en plena negociación entre el Gobierno y ETA por el Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, han marcado el actuar de la Justicia en los últimos meses en lo que a la banda terrorista se refiere.

Prueba de ello ha sido la última decisión del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón al encarcelar –a instancias de la propia Fiscalía- a una de las alcaldesas más conflictivas de ANV, Inocencia Galparsoro. La misma que en su municipio de Mondragón (Guipúzcoa) impidió una moción de condena por la muerte del ex concejal socialista y vecino de esa localidad Isaías Carrasco, asesinado por ETA a dos días de las últimas elecciones generales. El juez estima que aquella decisión no la tomó Galparsoro a título personal, sino como parte de la estrategia de ANV, que es la estrategia de ETA. Le acusa de ejercer como “voz institucional” de la banda, por lo que le imputa un delito de colaboración terrorista e incumplimiento del auto de suspensión de actividades de esta formación abertzale, dictado por el propio Garzón el pasado febrero. Pero además el juez le acusa de haber formado parte del entorno de la banda los últimos 20 años, un detalle reconocido ahora, pero que, sin embargo, no impidió que esta dirigente se presentase a las elecciones municipales del pasado 2007. Y es que muchas cosas han cambiado desde esa fecha. Precisamente, en aquellos comicios, tanto ANV como el PCTV, dos formaciones sospechosas de ser continuadoras de la ilegalizada Batasuna en el frente político de ETA, pudieron presentarse de manera parcial a las urnas. Pese a los distintos indicios policiales, declaraciones procedentes de miembros de Batasuna o comunicados de ETA llamando a votar a estas formaciones, la Justicia –Fiscalía General del Estado, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional- saldaron el asunto impugnando tan solo una parte de las candidaturas de ambos partidos. Alegaron que un número determinado de cargos “contaminados” –por haber, militado en el pasado en otras formaciones o movimientos ya ilegalizados- era motivo para suspender una lista completa. Sin embargo, del mismo modo, argumentaron que inhabilitar 133 listas de las 256 que presentó ANV a esas elecciones de mayo de 2007 no era suficiente para ilegalizar a todo el partido. Distinta fue la situación tras el fracaso del proceso de paz a raíz de nuevos atentados de ETA que acabaron con la vida de varias personas. La no condena de estos actos violentes por parte de PCTV y ANV impulsó a la Justicia a cambiar de opinión. Su actitud ante la violencia de ETA si era indicativo de que estas formaciones no eran más que una extensión de la banda terrorista. Por ello tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado solicitaron al Tribunal Supremo la ilegalización de ambos partidos. ATENTADO DE CAPBRETON Después del atentado en Capbreton, en el que la banda terrorista ETA acabó con la vida de dos guardias civiles y la “no condena” de los asesinatos por parte de representantes ANV, aceleró a contrarreloj que este partido político desapareciese en las elecciones generales del 9-M. A los pocos días, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, afirmaba que “la legalidad de ANV es mucho más frágil hoy que ayer”; o las palabras del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien aseguró que la ilegalización del partido abertzale estaba “cada vez más cerca”. También el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, llegó a declarar en rueda de prensa que la ilegalización de ANV y PCTV se haría cuando la jugada lo aconsejase. Así, se pasó de no ilegalizar a ANV en su totalidad, a afirmar que la ilegalización ya era un hecho. Los comicios de marzo estaban a la vuelta de la esquina. Después del proceso de paz roto, la Justicia cambió el rumbo en todo lo que se refiere a la ilegalización de ANV. En este contexto, las palabras pronunciadas por Cándido Conde-Pumpido se mostraban como una prueba más de la relación estrecha y poco separada del poder judicial con el ejecutivo. A esta cruzada también se sumó el propio Baltasar Garzón, quien instruye la investigación contra el aparato político, institucional y social de ETA. Por ello, y de forma paralela, también decretó la suspensión de actividades de estas dos formaciones. El juez ya había fijado su cambio de criterio cuando, tras la detención, el pasado octubre, de 40 dirigentes de Batasuna reunidos en la localidad guipuzcoana de Segura, aseguró que esos encuentros, durante el proceso, eran reuniones en busca de la paz, mientras que, tras el fracaso de dialogo entre el Gobierno y la banda, las reuniones volvían a tener un carácter terrorista. En definitiva, los tres poderes que caracterizan a un Estado: legislativo, judicial y ejecutivo, y que deben estar separados, tal y como defendió Montesquieu, hay casos, como los de ANV, en los que no siempre se cumple.