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LESA HUMANIDAD

Cavallo no será juzgado en España tras aprobarse su extradición a Argentina

Por Elena GómezTiempo de lectura3 min
España29-02-2008

Llevaba en la cárcel cumpliendo prisión provisional desde el año 2003. A partir de ese momento, dos juzgados distintos de la Audiencia Nacional comenzaron a tramitar dos cusas contra él, una referente a su solicitud de extradición y otra en relación con los crímenes que supuestamente cometió como oficial durante la dictadura militar. Finalmente, la primera se ha impuesto a la segunda y Ricardo Miguel Cavallo será juzgado en su país.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional pedía para el ex capitán de corbeta penas de entre 13.332 y 17.010 años de cárcel por delitos de genocidio o lesa humanidad, secuestros, torturas, violaciones y asesinatos. Asimismo, la acusación popular ejercida por varias asociaciones como la Asociación Argentina pro Derechos Humanos-Madrid iba a solicitar para él 30 años de cárcel, el máximo de cumplimiento efectivo de condena, por un delito contra la humanidad en concurso con cuatro 400 delitos de asesinato. La legislación española, así como el enrevesado proceso que se abrió contra él, obliga a Madrid a extraditar sólo de manera “temporal” al detenido, quien deberá de ser juzgado y condenado por los tribunales españoles, que deberán anunciar en fecha próxima la apertura del juicio oral. El proceso contra Cavallo en España ha sido singular desde el principio, no sólo porque se convirtió en el primer caso en que se aplicó de forma taxativa por dos países, España y México, la doctrina de la “justicia universal” en crímenes contra la humanidad, sino también por su desarrollo procesal en tribunales españoles. La vicepresidenta primera del gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, informó en rueda de prensa del Consejo de Ministros que se había dado luz verde a la extradición de Cavallo, en acatamiento a un auto judicial del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional y a la petición expresa del detenido. De la misma forma, De la Vega matizó que la entrega sólo será de “forma temporal” y que ésta no se llevará a cabo hasta que extinga su “responsabilidad penal” con España. Sin embargo, la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional archivará la causa que mantiene abierta contra Cavallo después de que el Consejo de Ministros aprobara en su reunión de hoy la extradición a su país natal. La Audiencia Nacional, que llegó a examinar el pasado 14 de febrero las cuestiones previas a la vista oral por delitos de lesa humanidad, archivará el sumario 19/97, instruido por el Juzgado Central de Instrucción número 5, porque con la extradición los hechos que se investigaron en España serán finalmente juzgados en Argentina. El Ministerio Público le considera implicado, directa o indirectamente, en la desaparición de 407 personas, entre ellas seis españoles, en el asesinato de siete y en las lesiones causadas a 152 detenidos más. El juez argentino Sergio Torres, quien solicitó su extradición a España a finales de diciembre de 2006, acusa al ex capitán de corbeta por detenciones ilegales, torturas, extorsión, robos con violencia, intimidación y falsificación documental, cometidas durante la dictadura militar. Según confirmaron fuentes judiciales españolas, la entrega del represor a Argentina no se producirá antes de que la Audiencia Nacional lleve a cabo de manera oficial el archivo de la causa. "Cavallo debe ser juzgado por el juez natural, que es el de su país, porque allí están todas las pruebas", afirmó su abogado, Fernando Pamos de la Hoz, quien se mostró "satisfecho" por la decisión del Gobierno de Rodríguez Zapatero. El Ejecutivo español tomó esta determinación después de que el pasado 22 de febrero México autorizara a entregar a Cavallo a Argentina. De esta manera, las acusaciones particulares en la causa contra Cavallo en España habían solicitado que el ex marino sea juzgado en ese país, aunque el Gobierno no dio lugar a ese pedido. Cavallo es el segundo argentino que el Gobierno español autoriza para que sea extraditado, después de que el pasado 15 de febrero aprobara la entrega del ex policía argentino Rodolfo Almirón, antiguo jefe de la organización paramilitar Triple A.