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EUROPA

Bruselas da un toque de atención a España en materia fiscal

Por Noa Beade MuiñosTiempo de lectura2 min
Economía01-03-2008

La Comisión Europea ha enviado a España una solicitud formal para que modifique normas “discriminatorias” en la lucha contra las prácticas abusivas en el ámbito del Impuesto de Sociedades.

España tiene dos meses para modificar el Impuesto de Sociedades, según una solicitud enviada por la Comisión Europea al Gobierno. Si no lo hace, llevará el caso al Tribunal de la UE. Es la segunda vez que Bruselas exige, por medio de dictamen motivado, que España reforme el impuesto, en la medida que “penaliza fiscalmente” la renta percibida en algunos estados miembros por encima de la obtenida en territorio nacional. En virtud de la legislación española, la renta percibida en determinados estados miembros o territorios de la UE está sujeta a mayor gravamen que la renta nacional. Concretamente, los dividendos distribuidos por entidades residentes en ciertos estados miembros donde una compañía española tenga una participación superior al cinco por ciento no pueden acogerse a una exención fiscal, hecho que sí es posible si los dividendos están distribuidos por entidades establecidas en España. Por esto, la Comisión considera que dicha normativa restringe la libertad de capitales y es “incompatible con las libertades consagradas en el Tratado de la CE”. Según Làszlo Kovàcs, comisario de Fiscalidad y Unión Aduanera, “la Comisión, en su calidad de guardiana de los tratados, no puede tolerar que se pongan trabas desproporcionadas a la actividad transfronteriza en el interior de la UE”. Así, ha animado, no sólo a España, sino a todos los estados miembros, a explorar el margen de maniobra existente para aportar respuestas “constructivas” y “coordinadas” que permitan lograr el equilibrio entre la protección de las bases imponibles nacionales y la necesidad de garantizar las libertades enunciadas en los tratados. Por otro lado, la Comisión Europea ha considerado que el País Vasco no tiene capacidad para dictar normas en materia fiscal y concluye que la aplicación en esos territorios de una reducción del Impuesto sobre Sociedades respecto al resto de España, un tipo más bajo y deducciones adicionales para las empresas que se instalen en esta Comunidad, equivale a una ayuda del Estado. Ante esto, el Tribunal del País Vasco busca una aclaración de los jueces europeos en el marco del proceso que tramita sobre varias denuncias planteadas por las comunidades autónomas de La Rioja y Castilla y León. En el caso de que se acepten los decretos vascos, podría haber derecho a una fiscalidad diferenciada, tal y como ocurrió el año pasado en una sentencia sobre el sistema fiscal de las Islas Azores.