ABORTO

En libertad con cargos el médico por falsificar informes para abortar

Por Esteban del Pozo2 min

Sociedad26-01-2008

"Eo, eo eo, que cumpla Zapatero". Este es uno de los lemas que los manifestantes proabortistas coreaban en la Puerta del Sol de Madrid el jueves 24 de enero, en una de las 12 manifestaciones que se convocaron en diferentes puntos de España. Los manifestantes pedían el cese de la "violenta campaña" contra el aborto por parte de "sectores ultraconservadores", y el "compromiso claro y decidido" del Gobierno para reformar la ley del aborto, sacarlo del código penal y generalizarlo en la sanidad pública.

Estas exigencias han sido escuchadas por José Luis Rodríguez Zapatero que modificará su programa para abrir la puerta a la reforma del aborto. El PSOE presenta en su Conferencia Política una enmienda para modificar el párrafo del borrador de su programa electoral relativo a la posibilidad de cambiar la ley del aborto, con el fin de hacer hincapié en dos asuntos: garantizar que todas las mujeres tienen igual acceso a esta prestación sanitaria y procurar seguridad jurídica a las mujeres y a los médicos que realicen los abortos La polémica resurgió con la detención el pasado 30 de noviembre del doctor Morín, su esposa y una ayudante por realizar supuestos abortos ilegales. Dos meses después, el titular del juzgado de instrucción número 9 de Barcelona ha decretado libertad con cargos para los tres acusados y los otros dos imputados, dos psiquiatras de la clínica perteneciente a este doctor, acusados de falsificar informes, continúan en prisión. El Código Penal contempla que el aborto fuera de los casos permitidos (riesgo para la salud física o psíquica de la madre, malformaciones graves o embarazo por violación) será castigado con la pena de prisión de uno a tres años e inhabilitación para ejercer cualquier profesión sanitaria o para prestar servicios en clínicas y consultorios ginecológicos durante un tiempo de uno a seis años. También sigue en los juzgados los procesos abiertos contra la clínica El Bosque, Ceb Medical, e Isadora en Madrid. En el caso de esta última muy protestada ha sido la decisión del juez de seguir interrogando como testigo a mujeres que abortaron en esa clínica. A esto hay que sumar la declaración de un encargado de la limpieza en la clínica que denunció haber visto restos fetales en el suelo. La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en respuesta a lo sucedido comentó en una entrevista al diario Público "que no va a tolerar que se haga más daño a un mujer que haya abortado".