YAKOLEV 42
La Fiscalía pide ahora que se investigue la contratación del aparato
Por Angie Rigueiro2 min
España08-01-2008
La Fiscalía había pedido hace un año al juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska la práctica de nuevas diligencias. Sin embargo, éste prefirió dar por finalizado el caso y lo archivó. Los familiares de los fallecidos no estuvieron de acuerdo y decidieron recurrir el archivo ante la sala penal sin el apoyo del Ministerio Público que en ese momento acató la postura del magistrado.
No obstante ahora, en la vista celebrada en la Audiencia Nacional para estudiar ese recurso, fue el propio fiscal jefe Javier Zaragoza quien cambio de postura y reclamó reabrir la investigación porque "las víctimas y sus familiares merecen un acto de justicia y una investigación seria". Además, afirmó la necesidad de investigar los 108.000 euros que han desaparecido y que han ido a parar a las empresas contratistas del avión siniestrado. Al inicio de su intervención, Zaragoza reconoció que el apoyo al recurso de las familias supone un "cambio de postura" del Ministerio Público. Sin embargo, no reveló la causa. Hasta ahora, la Fiscalía había concluido que no había delito en la contratación del Yak-42. Por ese motivo, al contrario de las familias de las víctimas, la Fiscalía no recurrió el archivo que había decidido Marlaska. En cambio, consideró delito en lo que se refiere a la falsa identificación de 30 de los 62 cadáveres, por lo que presentó recurso contra el archivo de esta segunda investigación. El fiscal dijo tres argumentos para defender su alegato. Por una parte, aseguró que la decisión del juez Marlaska es totalmente contradictoria con la orden que le dio la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia en junio del 2004 que instó a que se practicaran diversas diligencias en aras de una investigación sobre lo sucedido. Además, tachó de "incorrecto procesalmente" el auto dictado por el juez: reconoce la existencia de un delito pero, al mismo tiempo, ordena la suspensión libre, que entierra para siempre el asunto, en vez de dictar un mero archivo provisional. Por último, afirmó que este archivo vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, del que no sólo son titulares los acusados, sino también las víctimas. Además, Zaragoza recordó que el Ministerio de Defensa pagó 171.350 dólares por el vuelo y la compañía operadora del avión sólo cobró 45.000. Los 125.000 restantes fueron a parar en manos de los hasta cinco intermediarios en la cadena de subcontrataciones. La avería de una de las cajas negras, la ausencia de seguro y la falta de descanso de la tripulación fueron otras de las irregularidades del trágico accidente aéreo. "Desde el principio, se ha cercenado la investigación y se han denegado diligencias que eran necesarias para el esclarecimiento de los hechos", añadió. Zaragoza pidió "una investigación con profundidad y sin límites, para saber qué responsabilidades hay que exigir y a qué niveles". El cambio de actitud de la Fiscalía ha provocado la esperanza de los familiares de las víctimas, que llevan cuatro años y medio reclamando amparo judicial.