ETA

La Guardia Civil demuestra los vínculos económicos de ANV, PCTV y Batasuna

Por Ángel Prada4 min

España12-01-2008

Según las últimas investigaciones realizadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la ilegalización de ANV y PCTV podría iniciarse de manera inminente.

La Guardia Civil entregó un extenso informe a la Fiscalía del Tribunal Supremo en el que se considera que ambas formaciones políticas son sucesoras de Batasuna y sirven de apoyo a ETA. Ese mismo informe como otro elaborado por la Policía Nacional debe llegar al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, quien podría suspendier de manera inmediata a ambas formaciones e impedir así su presencia en las próximas elecciones. El cerco judicial se estrecha sobre la izquierda abertzale, sobre las formaciones políticas a las que apoya públicamente la ilegalizada Batasuna y a las que muestra simpatía la banda terrorista de ETA en sus comunicados. La Fiscalía General el Estado ha acumulado indicios para iniciar la ofensiva judicial con la que poner fuera de juego a las dos formaciones políticas. Por ello, el fiscal Cándido Pumpido pedirá al juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, suspender el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) durante esta semana y Acción Nacionalista Vasca (ANV) en la siguiente. El juez Garzón advierte de que no se trata de “suspender las actividades de un partido político para privar a los ciudadanos de un medio de expresión (libertad de expresión), o de participación democrática (libertad ideológica), sino que es ese mismo grupo el que, a través de sus responsables, quebrantando las normas que permiten su existencia legal, violenta a los propios ciudadanos, situándose fuera de la ley, privándoles del ejercicio de aquellos derechos; y, esa situación, debe ser así declarada, y desde luego no consentida, porque su sostenimiento perjudica y arremete a todos los demás y al ordenamiento jurídico”. Hasta 49 miembros de Batasuna, según los documentos que obran ya en poder de la Fiscalía, han recibido dinero del PCTV, lo que supondría un indicio para sustentar la acción del Ministerio Público contra esta formación política. Por otra parte, cientos de cuentas corrientes bancarias de dirigentes de ANV han sido ya analizadas, aunque las conclusiones sobre la transferencia de fondos a Batasuna todavía no están del todo confirmadas. Las fuerzas de Seguridad investigan ahora a los perceptores finales del dinero que ha salido de cuentas corrientes de cargos públicos de ANV. Dichos perceptores estarían vinculados a actividades que en su día tuvieron que ver con la formación ilegalizada. "APLAUSOS PARA LOS ETARRAS PORTU Y SARASOLA" Además, por si todas estas evidencias no fuesen suficientes para estrechar el cerco a las marcas sucedáneas de Batasuna, unas declaraciones de la alcaldesa por ANV de Hernani (Guipúzcoa), Marian Beitialarrangoitia, han contribuido a agudizar la situación. La dirigente abertzale aprovechó un acto de presentación de las candidaturas en el pabellón de Anaitasuna de Pamplona, en el que se encontraba un centenar de cargos del partido para pedir públicamente un aplauso para Igor Portu y Martín Sarasola, los dos presuntos etarras acusados del atentado de la T-4 y que podrían haber recibido torturas en el momento de su detención. "Todos los cuerpos policiales y represivos utilizan la tortura y lo hacen sistemáticamente contra los independentistas vascos", dijo la alcaldesa. Ahora la Fiscalía podría investigar si estas manifestaciones suponen un delito de enaltecimiento del terrorismo. El Gobierno podría autorizar a la Abogacía del Estado en los próximos días a iniciar el procedimiento para impulsar ante el Supremo la ilegalización de ANV y PCTV, con lo que se repetiría lo ocurrido en 2002 en relación con el proceso a Batasuna, que concluyó con su ilegalización y salida de las instituciones vascas. En aquella ocasión, el Gobierno popular llevó su iniciativa al Congreso donde obtuvo el apoyo del PSOE, con el que mantenía una sintonía plena en materia de política antiterrorista. En esta ocasión, el Gobierno socialista tiene la intención de impulsar la ilegalización a través de la Abogacía del Estado sin pasar por el Congreso, donde encontraría resistencia a la iniciativa por parte de alguno de los grupos parlamentarios con los que ha establecido alianzas durante toda la legislatura, como IU, ERC o el mismo PNV, que se opone a actuar contra ANV. En ambas situaciones, el origen de la iniciativa fue un atentado mortal de ETA y la negativa de Batasuna (en el primer caso) y ANV y PCTV (en esta ocasión) a condenar la actividad criminal de los terroristas vascos.