TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Dos conservadores niegan la información que usó el PP para sus recusaciones
Por Irene E. Sánchez3 min
España16-11-2007
La reforma de ley que el PSOE propuso en junio para prorrogar los años de presidencia de María Emilia Casas en el Tribunal Constitucional y que inmediatamente recurrió el PP ante el Supremo sigue dando que hablar. Ahora el bloque conservador se divide después de que dos de sus magistrados nieguen la información en la que se basó el PP para recusar a tres jueces progresistas.
Todo comenzó allá por el mes de junio, cuando el PSOE apostó por la ampliación del mandato de María Emilia Casas, actual líder del Tribunal Constitucional. La duda se hacía con el ambiente del TC desde que el PP se decidiera a ir contra la nueva Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), que permitiera prorrogar el mandato de María Emilia Casas. Los socialistas pretendían con la reforma extender la presidencia de Casas, perteneciente al sector progresista del Tribunal, de tres años hasta el cese de su cargo, que supone un total de nueve. De esta forma, Casas podría seguir controlando la agenda del Tribunal y las fechas en que se abordarían las distintas cuestiones, entre ellas, algunas tan relevantes como el Estatuto de Cataluña o la ley de matrimonios homosexuales, ambas recurridas por el Partido Popular. Al notar la presidenta del Alto Tribunal que el recurso establecido le incumbía a ella directamente, ella misma optó por su abstención, junto con el vicepresidente del TC, Guillermo Jiménez, este último unido al sector conservador. Con la abstención de Casas, el sector izquierdista perdía su voto de calidad, un voto que permite decidir en caso de empate. Un privilegio que pasaba al ala conservadora, en manos del juez veterano Vicente Conde, que se arrogaría la presidencia por tratarse del miembro más antiguo. Con la aprobación de la abstención de presidenta y vicepresidente y con el voto de los restantes, las fuerzas hubieran quedado así: cinco en el ala progresista, y seis en la conservadora (contando con el voto de calidad del nuevo presidente en funciones) . Pero el Gobierno guardaba un as en la manga: la tacha legítima a dos jueces conservadores para que no actuasen en el procedimiento: Roberto García- Calvo y Rodríguez Zapata. Alegaban que estos no eran parciales para decidir sobre la prorroga del mandato de Casas y se remitían a una carta firmada por ambos en la que manifestaban su postura en contra. Tras esa doble recusación del Gobierno, el PP decidió utilizar la misma técnica y acudir a la ley para recusar a tres magistrados del bando progresista. También se basaban en una supuesta reunión en la que habrían participado varios miembros del TC, entre ellos los tres recusados, quienes se habrían mostrado a favor de la reforma de la LOCT. No obstante ahora, cuando todavía está por decidirse la manera en la que el tribunal decide sobre esas recusaciones, dos magistrados del propio bloque conservador acusan al PP de que los argumentos en los que se basó su triple recusación no tiene base constitucional. Niegan que sea cierto que durante la reunión con Casas esos tres jueces progresistas recusados se mostrasen a favor de prorrogar el mandato de la presidenta. Por su parte, lo que opina el resto del sector conservador es que se han prefabricado pruebas para que el PP fracase en sus propósitos. De esta forma afirman que se ha dado de forma “irregular” un proceso que dejaría a los populares en una situación de “indefensión”. El PP pide, además, que la propia María Emilia Casas declare como testigo y aclare lo sucedido en el encuentro del 12 de junio, convocada por presidenta y vicepresidente tan sólo cuatro días después del término de ambos mandatos. En ella participaron, además, los tres magistrados recusados por el PP, Pascual Sala, Manuel Aragón, Pablo Pérez Tremps – que intentó por todos los medios que se imposibilitara la abstención de Casas – y Ramón Rodríguez Arribas. Ninguno de ellos ha desvelado lo que en la reunión aconteció.