VENEZUELA

El referéndum de reforma de la Constitución causa convulsión social

Por Miguel Martorell5 min

Internacional18-11-2007

Manifestaciones y contra manifestaciones; marchas, concentraciones y disturbios; manifiestos, réplicas y contra réplicas; enfrentamientos, heridos y muertos. La tensión social en Venezuela aumenta a medida que se acerca el 2 de diciembre, jornada en la que el pueblo decidirá en referéndum si acepta la reforma constitucional propuesta por Hugo Chávez. A la cabeza de las protestas, grupos y partidos de la oposición, profesores, clérigos y miles de estudiantes.

Venezuela está en pie de guerra. El próximo 2 de diciembre, aproximadamente, 16 millones de ciudadanos acudirán a las urnas para contestar a la pregunta que formula el Gobierno: “¿Está usted de acuerdo con aprobar el proyecto de reforma constitucional sancionado por la Asamblea Nacional con la participación del pueblo y basado en la iniciativa del presidente de la República, Hugo Chávez, con subtítulos, capítulos y disposiciones transitorias distribuido en los siguientes bloques?”. En la papeleta, los venezolanos encontrarán dos bloques de artículos, tal y como propuso la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Desireé Santos, al Consejo Nacional Electoral. El denominado Bloque A incluye los 33 artículos de la Constitución que Chávez propuso modificar y otros 13 propuestos por el Parlamento nacional. En el Bloque B, aparecen otros 33 artículos que la Asamblea Nacional consideró oportuno reformar. La división en dos bloques ha sido minuciosamente estudiada. En el primero, se conjugan algunas de las reformas más polémicas con los principales beneficios sociales de esta modificación. Así, los venezolanos deberán pronunciarse a favor o en contra de las medidas propuestas por Chávez, muy criticadas por la oposición y ciertos sectores de la Comunidad Internacional, y, al mismo tiempo, de iniciativas que les benefician. En este bloque, donde se comprobará el poder de Chávez en Venezuela, se incluye el artículo que prevé la reelección sin límite de veces y por siete años del presidente; el reordenamiento territorial y la capacidad del Gobierno para elegir a las autoridades locales; el reconocimiento del Poder Popular de los Consejos Comunales; el nuevo sistema económico socialista y sus nuevas formas de propiedad (privada, estatal, social, comunal y popular); y la supresión de autonomía del Banco Central. Al mismo tiempo, en este bloque se incluyen medidas de carácter social, como la reducción de la jornada laboral de ocho a seis horas, la fijación de la edad de votación en los 16 años, y no en los 18 como hasta ahora, o la creación de un sistema de Seguridad Social para todos aquellos trabajadores autónomos. En el Bloque B, por su parte, aparece la medida que más polémica ha desatado. Ésta se refiere a la reinserción de la figura del estado de excepción, incluida en anteriores Constituciones, pero excluida de la aprobada en 1999, también a instancias del Gobierno de Hugo Chávez. El artículo no sólo prevé el estado de alerta, sino que además limita la libertad de información cuando éste sea decretado por el presidente de la República. En este bloque también se incluye la supresión del voto universal en las Universidades. La oposición al presidente La tensión en torno a la reforma constitucional comenzó en la Asamblea Nacional, una institución dominada por los partidos afines a Chávez, ya que en las elecciones legislativas de 2005, la oposición decidió no presentarse al considerar los comicios fraudulentos. La mayoría de los partidos pro Chávez están unidos bajo el manto del Partido Socialista Unido de Venezuela, creado por el propio presidente. De los 167 diputados del Parlamento, sólo seis se opusieron a la reforma en las tres discusiones sucesivas que se mantuvieron y se abstuvieron en la votación final. El Partido Podemos fue la única oposición en la Asamblea Nacional al proyecto, lo que transmitió, aunque pobre, una cierta imagen de pluralidad en las tareas. Chávez no dudó en tildar públicamente a este partido de izquierdas de “escoria, traidores, opositores y estiércol”. Pese a su escaso poder, Podemos logró excluir de la reforma uno de los artículos más peligrosos, el que eliminaba el derecho a un juicio justo durante un estado de emergencia. Su oposición a la limitación del derecho de información durante periodos de emergencia y sus dudas respecto a la legalidad de la discusión parlamentaria les hizo granjearse las críticas del resto de partidos partidarios de Chávez. Desde que la Asamblea aprobara la reforma del 20 por ciento de la Constitución y el Consejo Nacional Electoral convocara el referéndum para el 2 de diciembre, las marchas contra ésta no han cesado. Los grupos y partidos de la oposición trataron hasta el último momento de que la consulta fuera pospuesta al menos dos meses, para dar a conocer todos los detalles de la nueva Constitución. Sus intentos, evidentemente, cayeron en saco roto. La principal crítica a esta reforma es “el desvío hacia un autoritarismo personalista” que deducen del texto, especialmente por ese artículo que prevé que un mismo candidato pueda presentarse el número de veces que desee. Tampoco faltan voces que creen que la reforma “acaba con la democracia” y que ha sido tramitada “ilegal e inconstitucionalmente”, ya que, al modificar algunos de los principales puntos de la Carta Magna, debería haberse discutido en Asamblea Constituyente y no por el Parlamento nacional. En lado contrario están las soflamas del presidente y sus seguidores. Chávez tilda esta reforma como “una revolución en la revolución” y un paso más para instaurar el sistema socialista, el “único camino a la paz y la justicia”. De hecho, en un gesto cargado de simbolismo, la Asamblea Nacional modificó el color azul de la encuadernación de la Constitución, que ha sido denominada por los afines como la Constitución Roja. Mientras en las calles se suceden las protestas, las manifestaciones y los disturbios, que ya se han cobrado la vida de dos estudiantes y han dejado heridos a más de una veintena de opositores, el Consejo Nacional Electoral ha dictaminado la suspensión de todos los debates previstos en torno a la Constitución. La razón, la enorme cantidad de actos previstos para publicitar la reforma, pese a que la mayor parte de ellos son subvencionados por el Gobierno y los partidos oficialistas. En la oposición, la postura a tomar respecto a la reforma ni siquiera está clara. Algunos de los partidos creen que lo mejor sería no participar en el referéndum, mientras que otros creen que se debe decir claramente “No”. Los contrarios a Chávez tienen dos semanas para decidir si se movilizan, junto a estudiantes, profesores, médicos y la Iglesia, por el “No” o vuelven a realizar un boicot a las urnas como el que les llevó en 2005 a entregar en bandeja de plata al presidente el Parlamento de la Nación.