DERECHO AL HONOR-LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Los caricaturistas de ‘El Jueves’, condenados a pagar 3.000 euros
Por Silvia Álvarez-Buylla Martínez
1 min
Comunicación19-11-2007
La Audiencia Nacional ha condenado a los dos caricaturistas de la revista El Jueves a pagar una multa de 3.000 euros. El juez José María Vázquez Honrubia los considera "responsables de un delito de injurias al Príncipe". Sin embargo, gracias a este suceso la revista tiene mayor popularidad y su número de ventas ha aumentado. Entonces, ¿merece la pena pagar 6.000 euros a cambio de millones de ingresos?
La revista satírica El Jueves ha pasado de ser una publicación poco conocida a que todos los rincones de España y muchas partes del mundo sepan de su existencia y, no sólo eso, sino que algunos ciudadanos que antes no eran compradores habituales ahora se acercan al quiosco para adquirir un ejemplar. Quizá por eso, los caricaturistas Guillermo Torres y Manel Fontdevila, condenados a pagar una multa de 3.000 euros por ser "responsables de un delito de injurias al Príncipe" tal y como se contempla en el artículo 491.1 del Código Penal, aseguraron no sentirse culpables por lo sucedido. No obstante, la condena ha aumentado. El fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo elevó su petición de multa para cada uno de los caricaturistas de los 3.600 euros que solicitaba inicialmente a un total de 6.000 porque la difusión del dibujo había "aumentado los beneficios económicos" de la revista. La portada del semanario, en la que podía verse la viñeta, fue difundida en todo el mundo a través de Internet. Este hecho provocó un debate sobre los límites de la libertad de expresión y la necesidad de salvaguardar algunos derechos superiores como son el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Además, se cuestionó la excesiva protección de la Familia Real en España. En cuanto a esto último, la organización Reporteros sin Fronteras (RSF) ha pedido que el Tribunal Supremo establezca los límites de la crítica al Rey, distinguiendo entre las funciones oficiales y privadas del Monarca y de la Familia Real. Según RSF, el jefe del Estado debe gozar de una protección especial en el ejercicio de sus funciones oficiales, pero no en cuestiones referidas al ámbito privado de su vida. Por esta razón, critican la actuación de la Fiscalía en el caso de El Jueves.