ITALIA

Prodi responde a la alarma social con una ley contra inmigrantes peligrosos

Por Miguel Martorell5 min

Internacional11-11-2007

El Gobierno de Romano Prodi ha respondido a los últimos, y espectaculares, titulares de prensa a golpe de decreto de ley. La violación y asesinato de una mujer en Roma por parte de un rumano ha provocado una ola racista en Italia contra esta comunidad y la aprobación de una norma para responder a la alarma social. A partir de ahora, Italia podrá expulsar “por motivos de seguridad” a todo aquel inmigrante considerado “peligroso para la sociedad”.

“Los italianos no son un pueblo xenófobo”. Con estas palabras, el primer ministro Romano Prodi se defendía en la televisión pública rumana de las críticas que le han llovido en los últimos días desde Bucarest, que han visto en el decreto ley aprobado con carácter de urgencia una medida hecha contra la comunidad inmigrante rumana en Italia. La violación y asesinato a finales de octubre de Giovana Reggiana, esposa de un oficial naval italiano, y la detención de un ciudadano rumano fue la gota que colmó el vaso. Las cifras empezaron a engordar en la prensa italiana, que puso su punto de mira en los poblados chabolistas en los que se hacinan cientos de rumanos a las afueras de grandes ciudades, como Roma o Bolonia. Walter Veltroni, alcalde de la capital donde se produjo el crimen, colaboró en el estado de alerta al considerar un “problema grave” que el 75 por ciento de los detenidos en Roma por crímenes graves -violaciones, robos y asesinatos- fueran rumanos. Y el ministro del Interior, Giuliano Amato, desató la alarma al hablar de la llegada de 500.000 rumanos en el último año. Respondiendo a la alarma social, el Gobierno de Prodi se reunió en un Gabinete de emergencia para la elaboración de un decreto ley. En él se prevé la expulsión de inmigrantes catalogados como “peligrosos para la sociedad” por “motivos de seguridad” sin necesidad de que antes medie un juez en las deportaciones y establece penas de tres años de cárcel para aquellos sujetos expulsados que infrinjan su deportación. La norma italiana añade la frase “motivos de seguridad” a la directiva 38 de 2006 de la UE, que ya prevé la expulsión de ciudadanos comunitarios de un país en cuestión en caso de que carezcan de medios de subsistencia o por comisión de delitos. Sin embargo, la directiva europea prevé que cada proceso de expulsión sea validado por un juez. Expulsiones y agresiones racistas Inmediatamente después de hacerse público el decreto del Gobierno -de izquierdas- de Prodi, cuatro ciudadanos rumanos eran expulsados en Milán, el delegado del Gobierno en Génova, Giuseppe Romano, firmaba otras 17, y su homólogo de la capital, Carlo Mosca, otras tres. Además, en la periferia de Bolonia y Roma los poblados chabolistas de rumanos eran derruidos y la prensa hablaba de hasta 5.000 solicitudes de expulsión. Al margen de la ley, varios individuos apalearon a tres ciudadanos rumanos y se registraron ataques a negocios rumanos y el asesinato de una joven de esta nacionalidad. En Bucarest, las alarmas también se dispararon y el primer ministro, Calin Popescu Tariceanu, pedía a Italia que actuara para que “actos xenófobos de este tipo no se vuelvan a repetir”. Mientras desde Rumanía llovían las críticas a la decisión del Gobierno italiano, Prodi ofreció una entrevista al prestigioso diario británico Financial Times para explicar la decisión de su Consejo de Ministros. La pregunta que se hacía todo el mundo era si las duras moratorias aprobadas por países como Reino Unido y Francia contra los trabajadores de los últimos estados europeos en incorporarse a la UE habían provocado una “inundación” en Italia. Sin embargo, Prodi se mostró cauto y defendió el proceso de ampliación como “la única forma de exportar democracia”. De hecho, se mostró convencido de que “en este caso”, las mencionadas leyes francesas o británicas no han sido la causa de la oleada de inmigrantes rumanos, ya que Italia y Rumanía han sido países “interrelacionados” desde “la caída del telón de acero”. Así, recordó que hay “22.000 compañías italianas” operando actualmente en Rumanía y que dan trabajo a 600.000 rumanos. En la misma línea, subrayó que “la única sede en el extranjero” de la Confederazione Generale dell Industria Italiana -la patronal italiana- está en Bucarest, por lo tanto “no es difícil entender por qué se ha producido esta inundación”. Sin embargo, consideró “exagerada” la cifra de 500.000 nuevos rumanos en Italia, ya que el número exacto de individuos de la comunidad rumana “nadie lo sabe”, en un país donde muchos de los trámites todavía se realizan a mano y en el que es imposible controlar al número de inmigrantes que se hacinan en los poblados chabolistas de las afueras. “No es una ley contra los rumanos”, garantizó Prodi, que elevó el número de órdenes de expulsión hasta 29, entre ellos un húngaro, sino contra aquellos “cualquiera que sea su nacionalidad que esté involucrado en actividades que den origen a la alarma social”. Además, explicó que “cada expulsión será validada por un juez y podrá ser recurrida aunque por razones de alarma la expulsión se hace inmediatamente efectiva”. Más cooperación europea Pese a que Prodi dejó claro que los países con normativa propia sobre los trabajadores rumanos “pueden hacer lo que quieran”, el primer ministro no dudó en mostrar su disgusto por esa forma de entender la integración con peros. Así, dijo “preferir” una Europa “abierta a la libre circulación de todos los ciudadanos de la UE y regular después juntos los aspectos criminales” de esa libertad. Por ello, hizo un “llamamiento general” a los estados miembros parar lograr una política de inmigración más efectiva, con una mayor regulación de los delitos, mecanismos de repatriación más efectivos y, sobre todo, mayor cooperación de todos en los países que son emisores de esta inmigración, pues si Italia ha recibido muchos inmigrantes rumanos, a Rumanía han llegado mucho ucranianos. Un día después de estas declaraciones, los jefes de Gobierno de Italia y Rumanía mantuvieron un encuentro para abordar los detalles de la ley. La reunión pareció productiva, pues Prodi y Tariceanu acordaron colaborar para conciliar “la necesidad de seguridad de los ciudadanos con el de garantizar el pleno ejercicio del derecho de la libertad de circulación”, uno de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Ambos mandatarios acordaron medidas para mejorar la cooperación en materia de Seguridad y Justicia, en la línea de lo que ya han hecho países como Francia y España, al tiempo que reclamaron de la UE que “movilice lo mejor posible los recursos de que dispone” para controlar esos flujos migratorios intracomunitarios y “trabaje a la altura de los problemas que surgen”. En la UE, de momento, lo único que se ha prometido es “estudiar cuidadosamente” el problema en el Parlamento, pero la principal respuesta es que Italia y Rumanía deben exprimir los mecanismos bilaterales de cooperación para solucionar este problema de la forma más rápida. En todo caso, la alarma también ha saltado en otros países que no han aprobado una moratoria de trabajadores, a la espera de que el decreto de expulsión italiano produzca movimientos masivos desde este país a otros como, por ejemplo, España.