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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

El Gobierno recusará a dos jueces conservadores y nivelará el TC a su favor

Por Irene E. SánchezTiempo de lectura3 min
España21-10-2007

La duda planeaba el ambiente del TC desde que el PP se decidiera a ir contra la nueva LOTC, que permitiera prorrogar el mandato de María Emilia Casas, presidenta del Tribunal. Con la aprobación de la abstención de presidenta y vicepresidente y con el voto de los restantes, las fuerzas hubieran quedado así: 5 en el ala progresista, 6 en la conservadora. Pero el Gobierno guardaba un as en la manga: la tacha legítima a dos jueces del segundo ala para que no actuasen en el procedimiento.

Con el objeto de que las fuerzas quedaran equilibradas en relación con las próximas materias a discutir – Estatuto de Cataluña o ley de matrimonios homosexuales- el Gobierno no ha dudado en secundar la nueva LOTC de nuevo y permitir que la actual presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, continúe con su cargo, a pesar de finalizarse hace apenas cuatro meses. Casas pertenece al bando progresista del partido y su apoyo en determinadas materias es imprescindible debido a la igualdad de fuerzas existente dentro del propio Tribunal. Formado por 12 magistrados, seis de ellos tienen ideas progresistas; los restantes, ideas conservadoras. El cargo de presidenta del TC finalizó el 15 de junio, a lo que el Gobierno propuso una nueva LOTC que permitía en su artículo 16.3 la permanencia de la misma, siempre que mantuviera su puesto como magistrado; un puesto que se mantiene durante nueve años, de los cuales tan sólo había cumplido tres. Ante la situación descrita, el partido de la oposición presentó una enmienda a esta ley, al sostener que los socialistas ansiaban su aprobación para que el sector más progresista del Alto Tribunal permaneciera intacto durante la precampaña electoral, etapa durante la cual el Tribunal abordará materias tan conflictivas como el Estatuto de Cataluña. Sin el apoyo de Casas la balanza favorecería a los conservadores, y, por tanto, los recursos interpuestos por el PP podrían obtener mayores posibilidades de éxito. Al notar la presidenta del Alto Tribunal que el recurso establecido le incumbía a ella directamente, ella misma optó por su abstención, junto con el vicepresidente del TC, Guillermo Jiménez, este último unido al sector conservador. La abstención trató de ser imposibilitada y el bando progresista, con la representación de Pérez Tremps, lo intentó en vano. Con la abstención de Casas, el sector izquierdista perdía su voto de calidad, un voto que permite decidir en caso de empate. Un privilegio que sí seguía teniendo, no obstante, el ala conservadora, en manos del juez veterano Vicente Conde, que se arrogaría la presidencia por tratarse del miembro más antiguo. Un voto que utilizó tras el empate a 5 en el sufragio de la abstención de presidenta y vicepresidente y en la que prefirió apoyar la renuncia. Lo que demostraba esta victoria era ante todo la mayoría conservadora en el Alto Tribunal, algo que no se valoró de buen grado desde la Moncloa. Es por ello que, con el Estatut de Cataluña en mente, el Gobierno decidió recurrir al abanico de posibilidades que ofrece la ley y optar por recusar a dos de los magistrados del ala conservadora, Jorge Rodríguez-Zapata y Roberto García-Calvo, aludiendo los socialistas que la petición de dimisión que enviaron a Casas era clara representación de una actitud parcial frente a la ley que se discutía. Así las cosas, se trata de la primera vez que un Gobierno democrático recusa a un magistrado del Constitucional. Poner inconvenientes a un juez para que lleve a cabo su labor pública es algo legítimo, que, no obstante, desde el PP se critica duramente. Mientras la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega defiende que la decisión es buena por apostar por “la imparcialidad de los jueces” y el secretario de Estado que “la legalidad y la gestión sobre la legalidad, la normalidad democrática está también al servicio del Gobierno”; el líder de la oposición, Mariano Rajoy, pide “respeto a las reglas, sentido común y un poco de razón” a la vez que advierte con contundencia de que “en una democracia normal un Gobierno no puede asaltar el Tribunal Constitucional” y “no debe presionar a los jueces ni meterse en lo que no le autoriza a meterse la Constitución”.