ESTADOS UNIDOS

Unos documentos demuestran que la tortura sigue existiendo en EE.UU.

Por Luis Miguel L. Farraces5 min

Internacional07-10-2007

El prestigioso diario The New York Times desveló la pasada semana que la Administración estadounidense, pese a las condenas del Congreso, los llamamiento internacionales y la rectificación presidencial en 2004 sigue torturando a los detenidos sospechosos de terrorismo. El rotativo denunció la existencia de toda una red de documentos secretos que autorizan, aún hoy, varias prácticas ilegales bien detalladas que ni los interrogadores sabían cómo combinar para no caer en el trato inhumano.

The New York Times tuvo acceso a varios documentos secretos firmados por el ya ex fiscal general del Estado, Alberto R. Gonzales, que muestran algunas de las técnicas de los “interrogatorios de efectos combinados”. En ellos se autoriza a los agentes norteamericanos a golpear en la cabeza, someter a temperaturas extremas y a sumergir a los detenidos bajo el agua para simular un ahogamiento. La justificación de tales técnicas, que nadie dudaría de que suponen un trato vejatorio a los detenidos, es que según los escritos oficiales “no se consideran inhumanas, tortuosas ni humillantes.” Gonzales ha sido sólo uno de tantos nombres sobre los que la polémica ha hecho mella en estos últimos días, pero quizás el más significativo. Tras tener que dimitir de su cargo el pasado mes de septiembre debido a las críticas por su servilismo al presidente George W. Bush y al vicepresidente Dick Cheney, calificó su administración de la Fiscalía como “un lugar de inspiración para conseguir la mezcla perfecta entre la rigurosidad en la lucha contra el terrorismo y el respeto a la legalidad”. Pero su aprobación del procedimiento de efectos combinados pone el contenido de su discurso bajo serias dudas. Más aún si se tiene en cuenta que al ex fiscal general adjunto James B. Corney, su oposición a los nuevos procedimientos le costó el cargo. Corney avisó tras su marcha a sus compañeros de que “se avergonzarían” cuando sus actividades “salieran a la luz”. La profecía se ha cumplido. Métodos de interrogatorio heredados de la Unión Soviética La historia del trato vejatorio a los detenidos de los servicios secretos es relativamente reciente. La nueva política de guerra contra el terrorismo seguida por la Administración Bush tras los atentados del World Trade Center el 11 de septiembre de 2001 creó nuevas necesidades en el seno de la CIA, que desde tiempos de la Guerra Fría no disponía de expertos interrogadores. Así, el Gobierno de Estados Unidos envió a un grupo de agentes, hoy la unidad especial encargada de los interrogatorios a miembros de Al Qaeda, a instruirse con miembros de la Policía de Egipto y Arabia Saudí. Allí los alumnos norteamericanos se formaron en técnicas de dudosa legalidad provenientes de la antigua Unión Soviética. “Si no se provoca fallo orgánico, no es trato vejatorio” A partir de ahí, con la puesta en práctica de las nociones aprendidas en Oriente Próximo, en Estados Unidos estalló la polémica sobre la legalidad de las técnicas de interrogatorios entre el sector moderado del Partido Republicano y la mayoría del Demócrata contra los halcones de la Administración Bush. Una guerra interna que se intensificó sucesivamente en el año 2003, cuando la Fiscalía General y la Oficina del Consejo Legal redactaron un memorando sobre las estrategias a seguir en los interrogatorios que se conoció entre los círculos de Washington como el memorando de la tortura. En él se detallaban varios procedimientos, entre los cuales estaban someter a los detenidos a temperaturas extremas, no permitirles conciliar el sueño durante días ayudados por discos de rock duro programados a todo volumen o cubrirles la cabeza con bolsas para inflingirles sensación de asfixia. El lema final, que aparecía textualmente en el documento, era el de que todas las técnicas estaban permitidas porque “sólo se consideraba tortura provocarles fallo orgánico a los detenidos o matarlos.” The NewYork Times tuvo la oportunidad de entrevistar recientemente a Paul C. Kelbaugh, un abogado veterano del servicio de inteligencia que reconoció que por aquel entonces su oficina se convirtió en un consultorio para los agentes de la CIA. Al parecer, los interrogadores preguntaban sorprendidos una y otra vez para cubrirse las espaldas acerca de si la combinación de determinadas técnicas del procedimiento no suponían legalmente tortura. “¿Puedo someter al detenido a una temperatura de 50 grados y no darle de comer? ¿O debo ir superponiendo una de las prácticas más duras con otra de las suaves?”, recuerda Kelbaugh para el diario. Trabas para la Administración fácilmente salvadas Sin embargo, pese a que la Justicia había allanado hasta entonces las actividades de la CIA a instancias de la Casa Blanca gracias a su servilismo a Bush y al vicepresidente Dick Cheney, el poder judicial comenzó a dudar de los procedimientos que había estado permitiendo. Así, en 2004 un motín de la renovada Oficina del Consejo que comenzó a denunciar públicamente el contenido de los interrogatorios desembocó en una declaración de la Fiscalía General que calificaba la tortura como “algo abominable” y una rectificación pública de estrategia por parte de la Casa Blanca. A ese gesto se sumó el fallo del Tribunal Supremo en 2006 acerca de que los detenidos de Al Qaeda estaban sujetos a la Convención de Ginebra, a lo que la Administración Bush reaccionó con una hábil estratagema para burlar los mecanismos de control internacionales. En 2006 Estados Unidos vació sus penales secretos europeos y asiáticos para trasladar a todos los sospechosos de terrorismo a la Base de Guantánamo, Cuba, lejos del censo de detenidos internacional de la Cruz Roja. Asimismo, consiguió colocar a su allegado Alberto R. Gonzales al frente de la Fiscalía General y a Steven G. Bradbury, apodado Dr. Sí por su sumisión continua a las prerrogativas gubernamentales, en la Oficina del Consejo Legal. A partir de entonces se pusieron en marcha de nuevo, aunque parcialmente, y en secreto, los procedimientos anteriores de interrogatorios. Unos procedimientos recogidos en los documentos filtrados a The New York Times, cuyo descubrimiento ya ha puesto en marcha una investigación del Congreso, de mayoría demócrata, sobre las técnicas de los servicios secretos.