INJURIAS AL REY

El Gobierno acusa al PP de usar la Corona y los símbolos para confrontar

Por Irene E. Sánchez4 min

España22-09-2007

El enfrentamiento entre PP y PSOE llega ahora a través de los conflictos surgidos con los últimos incidentes que violan directamente el honor de la Corona y el cumplimiento de las leyes.

En la última sesión de control al Gobierno, los populares Ángel Acebes y Eduardo Zaplana mostraban su inquietud en torno a la polémica e inquirían a la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, acerca de la seguridad que el Gobierno asegura proporcionar a la ciudadanía y que ambos dos, en representación del Partido Popular, ponían públicamente en duda. A las preguntas acerca de la cuestionada convivencia entre los españoles, que los miembros del PP discuten al recordar las amenazas de muerte proferidas contra miembros de su partido, el incumplimiento de la ley de banderas o la quema de la foto de los monarcas, la vicepresidenta respondió obviando aquellos temas y con la firme convicción de que tal seguridad sí es prestada por su partido. Debido a ello, no vaciló al culpar al PP de "utilizar hasta los símbolos y la Corona para provocar la confrontación entre españoles". El debate llegó al Congreso de los Diputados después de una serie de incidentes en los que se violaron el honor de la Corona, la mayor representación del Estado español. El pasado día 13 de septiembre, dos jóvenes quemaron varias fotos de los Reyes durante la celebración de un acto político llevado a cabo en Girona al que asistieron cerca de 200 simpatizantes de la izquierda radical catalana. Los Mossos d¬Esquadra tan solo identificaron a uno de los autores, Jaime Rouras, quien era detenido y llamado a comparecer en la Audiencia Nacional, a quien siguieron los compañeros del mismo, que realizaron protestas en plena plaza de Colón con banderas catalanas, una pancarta en la que se leía "La represión no nos parará. Países catalanes libres y socialistas" y a gritos de "lo llaman democracia y no lo es". Rouras fue liberado más tarde sin fianza y sin cargo alguno sobre él, a pesar de la petición de 10.000 euros por parte de la Fiscalía y la petición de retirada de su pasaporte y su comparecencia cada cierto tiempo ante las autoridades judiciales. No obstante, una vez terminada la investigación, Ruoras deberá ser juzgado por estos hechos. Como respuesta a este proceso otros 400 jóvenes repitieron en el mismo lugar de Girona una nueva concetración en la que se volvieron a quemar fotos de los Reyes. La Audiencia Nacional ha decidido dar un plazo de diez días en el que la Fiscalía, representada por la fiscal Blanca Rodríguez, mantendrá su acusación por "injurias a la Corona" y podrá de tal forma esperar que comience el juicio. A la espera de tal circunstancia, jóvenes de Girona convocaron una segunda concentración en la que volvieron a prender el retrato de los Reyes en frente del ayuntamiento de Girona y bajo el lema "Los catalanes no tenemos rey". El Jueves y la ley de banderas Y mientras la Audiencia delibera acerca del posible juicio a Rouras, pone la fecha sin embargo para otro, en relación también con los agravios contra la Corona. Esta vez se trata de la revista "El Jueves", que tras la publicación de un número que mostraba a los Príncipes de Asturias desnudos, considerado como un "insulto a la Corona", fue retirada del mercado y denunciada por ello. El caso protagonizado por la revista ha llegado incluso a la Unión Europea, donde se discute si los "supuestos insultos a la Corona" chocan frontalmente con la libertad de expresión, considerado un "principio fundamental" de la UE por vicepresidente de la Comisión y responsable de Justicia, Libertad y Seguridad, Franco Frattini. Y de la Corona a otro símbolo del Estado español: la bandera nacional. El incumplimiento de la ley en la que el Tribunal Supremo ordenó ondeara la bandera española "permanentemente" y dentro y fuera de todos los edificios autonómicos e institucionales, todavía no se ha cumplido en todos los edificios oficiales. Muchos municipios del País Vasco y Navarra siguen sin colocar la bandera en sus inmuebles. La alcaldesa de Lizartza (Guipúzcoa), Regina Otaola, no obstante, obligó tras el auto del Alto Tribunal a poner la bandera en el ayuntamiento. Al poco, una ikurriña de grandes dimensiones cubría la bandera nacional que ondeaba el día anterior, y, además, la alcaldesa fue amenazada e insultada el mismo día, no sólo a través de carteles, sino en la propia calle y en el desarrollo de actividades cotidianas, tales como acudir a la Iglesia. Además, se planea convocar una manifestación en contra de la misma precisamente por obligar a colocar la bandera de España en cada edificio institucional. El no cumplimiento de la ley de banderas y los supuestos insultos a la Corona se hacen cada vez más evidentes en el país y ponen de manifiesto el rechazo de algunos sectores a la simbología del Estado y la confrontación entre sectores, radicalizados con amenazas de muerte, quema de insignias o la negación de la ley, que, según el propio Gobierno, "garantiza la convivencia de la ciudadanía española".