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TECNOLOGÍA

Más de un millón de consumidores rechazan el canon digital

Por Silvia Álvarez-Buylla MartínezTiempo de lectura2 min
Comunicación23-07-2007

La lucha en contra o a favor del canon digital sigue abierta. Los usuarios que compran un dispositivo electrónico como un disco duro o memoria flash deben pagar una cantidad de dinero por si realizasen alguna copia ilegal. La plataforma Todoscontraelcanon (TCC) denuncia que se considere a todos los compradores culpables de piratería y entrega más de un millón de firmas al Ministerio de Cultura para pelear por una solución justa.

El nuevo ministro de cultura, César Antonio Molina, estrena ministerio heredando los asuntos pendientes de su antecesora Carmen Calvo. La plataforma Todoscontraelcanon (TCC) ha entregado al ministro 1.339.724 contra el canon digital que grava los dispositivos electrónicos. “La aplicación del canon deja mucho que desear. Hay una contradicción democrática porque se está gestionando un impuesto de forma privada y esto no cabe en un Estado Democrático de Derecho”, expuso un miembro de TCC. Esta protesta, originada por la aprobación hace un año de la Ley de Propiedad Intelectual, "se encuentra a la espera de las negociaciones que están teniendo lugar entre la comisión antipiratería y las entidades de gestión de los derechos", dijo el Presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Internet, Miguel Errasti. "Trataremos de rebajar el impacto negativo por la cantidad del canon a cobrar, pero no vamos a abandonar el principio general de estar en contra de este canon, que no es una buena solución para un problema que sabemos que existe", indicó Errasti. Y mientras el ministerio de Cultura lidia contra el TCC y los consumidores, el ministerio de Industria pelea contra la Sociedad General de Autores (SGAE). La SGAE ha lanzado una dura crítica contra Joan Clos, ministro de Industria, Turismo y Comercio, por el retraso en la regulación de las tarifas para el nuevo canon. En una nota hecha pública por varias entidades de gestión de derechos se recuerda que los plazos de regulación finalizaron hace casi cuatro meses. "El retraso en la actualización de los importes del canon digital, incumpliendo los plazos establecidos por la Ley, demuestra la dependencia de este Ministerio de las empresas tecnológicas", afirma. Por todo esto, el debate sigue centrado en la futura regulación de los soportes sujetos a canon digital y la cuantía de éstos, que debe ser regulada por Industria y Cultura, según dictamina la Ley de Propiedad Intelectual. Pero, de momento, no hay nada claro.