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DEFENSA

Alonso dice que los españoles no llevaban inhibidores pero el resto tampoco

Por Elena Gómez FernándezTiempo de lectura3 min
España29-07-2007

“Ningún contingente bajo el mando de las Naciones Unidas en Líbano tiene inhibidores de frecuencia”. Así de rotundo se mostró el ministro de Defensa, José Antonio Alonso, a la hora de justificar la ausencia de este tipo de materiales de seguridad de los que carecía el convoy que acabó con la vida de seis militares del Ejército español en Líbano.

Alonso insistió en que las tropas iban equipadas en función de las recomendaciones de los expertos militares, que además coincidían con el análisis del resto de ejércitos desplegados en Líbano. Estos estudios, según explicó, indicaban la baja probabilidad de sufrir un atentado como el que le costó la vida los militares de España. A pesar de todo, el titular de Defensa explicó que los inhibidores ya se habían comenzado a instalar en los vehículos militares desde 2005 y sobre todo a partir de 2006. No obstante, estos dispositivos se habían comenzado a repartir tan sólo entre el contingente destinado en Afganistán donde el riesgo es mayor. Los inhibidores de frecuencias están preparados para cortar el tipo de ondas que utilizan los terroristas en ese país para realizar atentados. El ministro asegura que no se han producido ataques de estas características en Líbano ni durante la guerra de Hizbulá e Israel, ni durante el desarrollo de la misión de Naciones Unidas tras el conflicto. Se calificaba de “ bajo” el riesgo de sufrir un atentado de estas características y con un tipo de onda similar a las que utilizaron los terroristas en Líbano y que acabaron con la vida de los seis cascos azules. Además, cada tipo de inhibidor está preparado para actuar contra un tipo determinado espectro de frecuencias, ignorando así el resto de espectros ajenos. Ante estos datos, surge una declaración del jefe de la misión de la ONU en Líbano, Claudio Graciano, quien afirma que “no nos tomamos en serio la posibilidad de más ataques aunque tenemos la esperanza de que las medidas de seguridad y el proceso político ayude a prevenirlos”. Investigación En cuanto a las investigaciones llevadas a cabo por los expertos militares españoles para esclarecer los autores y las causas del atentado, de momento, no hay ni rastro de cables detonador en el material recopilado de la zona de deflagración. Tan solo se conoce que la furgoneta que explosionó tenía matricula falsa y que podría haber sido robado fuera del país. Fuentes oficiales han descartado que se sepa cualquier dato sobre la nacionalidad o procedencia de los autores, pero no descarta que tengan relación con el problema que afecta al norte del país. Esto podría apuntar hacia varias hipótesis, y es que los expertos no han descartado la posibilidad de que el atentado fuera provocado con sistemas de iniciación a distancia. Y en medio de todas las especulaciones, el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Grande- Marlaska, autorizó finalmente a los familiares de los seis soldados a incinerar los cadáveres. El magistrado, tan solo dos días después del ataque, abrió una investigación y prohibió que se quemaran los cuerpos de los fallecidos. No obstante, después aseguró que los forenses que realizaron las primeras autopsias le garantizaron que el “protocolo seguido” hará innecesario un segundo examen necrológico. El magistrado de la Audiencia Nacional había autorizado a las familias únicamente a enterrar a sus deudos, aunque no puso problema alguno para que los ciudadanos colombianos pudieran ser inhumados en su país de origen, siempre que los cuerpos no fueran incinerados.