FILIPINAS
La presidenta filipina, culpable de crímenes contra la Humanidad
Por Luis Miguel L. Farraces
3 min
Internacional01-04-2007
El Tribunal Popular de La Haya (TPLH), una entidad social que dicta sentencias no vinculantes formada por abogados de todo el mundo defensores de los Derechos Humanos y demás personalidades de la política y la cultura, declaró la pasada semana a la presidenta de Filipinas, Gloria Macapagal Arroyo, culpable de crímenes contra la Humanidad. El motivo son los cientos de desapariciones y asesinatos de disidentes supuestamente vinculados con el Ejecutivo del país desde 2001.
El TPLH reconoció asimismo a Estados Unidos como uno de los principales apoyos del Gobierno de Macapagal dada su alianza en la lucha contra el terrorismo. Para su veredicto, el Tribunal Popular se reunió a lo largo de la semana en una iglesia de la ciudad holandesa de La Haya, donde analizó decenas de testimonios de supervivientes y familiares de desaparecidos o asesinados además de informes de expertos sobre el terreno. El más importante de ellos es el de la asociación pro Derechos Humanos filipina Karapatan que cifró en 838 las muertes relacionadas con la caza de brujas en el país asiático. Todas ellas fueron minuciosamente documentadas. Los miembros del Tribunal esperan con este veredicto llamar la atención de la opinión pública internacional a través de los medios de comunicación, aunque la coincidencia de otros hechos, quizás menos significativos pero más pintorescos, en Filipinas la pasada semana ha relegado a los supuestos crímenes de Macapagal a un segundo plano. Y es que los medios occidentales se han hecho eco al unísono del secuestro en el país asiático de un autobús escolar por parte de un empresario en Manila que exigía mejoras en la financiación de la educación. Además, la exótica imagen de la Semana Santa oriental ha prevalecido en minutos y páginas al fallo del TPLH en los periódicos y las televisiones extranjeras. Pese a todo, el Tribunal, que contó por una vez con la presencia de personalidades como José María Sisón, fundador del ilegalizado Partido Comunista de Filipinas, y la senadora opositora Jamby Madrigal, remitirá su investigación a Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia y al Parlamento Europeo. Un país dividido e inestable Desde la llegada al poder de Macapagal Arroyo en 2001, la vida política de Filipinas ha estado profundamente marcada por la inestabilidad en al menos tres ocasiones, las cuales coinciden con las fechas en las que se han registrado mayor número de asesinatos extrajudiciales. Y es que los rumores de fraude electoral persiguen a la presidenta de país desde hace ya seis años, lo que ha motivado importantes disturbios entre los disidentes a esta declarada admiradora de Margaret Thatcher, ex primera ministra británica. El primero de ellos sucedió a pocos días de su primera elección, en el mismo año 2001, cuando miles de personas intentaron tomar por la fuerza el palacio presidencial, lo que se tradujo en la declaración de estado de rebelión por parte del Gobierno, algo que le permitió realizar detenciones masivas de disconformes con el ascenso de Macapagal. El segundo de los sucesos tuvo lugar en 2003, cuando varios centenares de militares intentaron dar un golpe de Estado que fracasó y que se tradujo nuevamente en masivas detenciones. Además, los grupos terroristas como el Frente Nacional Democrático de Filipinas recobraron fuerza y la presidenta restituyó la pena de muerte alegando que los secuestros políticos iban en aumento. El tercer y último incidente político ocurrió en febrero del pasado año, cuando aludiendo a un posible intento de golpe de Estado, Macapagal, acorralada por las investigaciones que dilucidaban un pucherazo electoral en su reelección de 2004, declaraba un nuevo estado de emergencia que posibilitaba el arresto libre de disidentes. Su medida provocó grandes manifestaciones en las grandes ciudades y, como contrainiciativa, el Ejecutivo aseguró que se acusaría a los manifestantes de incitar a la rebelión.