ETA

Un año de negociación y de obstáculos al proceso

Por Silvia Sánchez 5 min

España24-03-2007

Doce meses han pasado ya desde que el 22 de marzo del año pasado ETA anunciase su alto el fuego permanente. Un año de tensiones, contactos y enfrentamientos, que fue desde el optimismo y la esperanza inicial a la frustración final con el atentado de la banda en Barajas.

ETA envió un comunicado el 22 de marzo de 2006 en el que decía que declaraba un “alto el fuego permanente a partir de las 00.00 horas del 24 de marzo”. La banda hacía un llamamiento a los estados de Francia y España para que mostraran una “voluntad de dar una salida negociada al conflicto”. A partir de ahí, el último año de proceso de paz y después de enfrentamientos entre políticos y abertzales ha sido intenso. Pocos días después, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero y el líder de la oposición, Mariano Rajoy se reunían para tratar el asunto. En un primer momento, Rajoy ofreció su apoyo al Ejecutivo y Zapatero prometió no comprometer el Estado de Derecho. En abril aparecen en varios diarios denuncias de empresarios vascos y navarros que habían recibido cartas de extorsión de ETA. Empiezan las dudas sobre la legalidad de la tregua etarra. Pocos días después, Zapatero defendió que el alto el fuego es real. Desde marzo, los servicios secretos y las fuerzas policiales habían estado investigando los movimientos y actuaciones de la banda terrorista. Se suministraron varios informes al Gobierno que confirmaban la tregua. En mayo, ETA volvía a manifestarse de nuevo en una entrevista en el diario Gara. Dos miembros de la banda declararon que los actos de violencia callejera ocurridos durante esos tres meses, son demostraciones de enfado popular y que no era su responsabilidad. Defendieron también la petición del impuesto revolucionario para subsanar sus necesidades económicas y denunciaron ataques directos contra el proceso de paz. Se referían con esto a las detenciones de miembros de la izquierda abertzale y advertían del peligro de “caer en errores de hace 30 años”. Asimismo, en la entrevista valoraban positivamente la actitud del PSOE pero recordaban que la autodeterminación y la territorialidad eran las claves para resolver el conflicto. A lo largo del mes de junio, los desencuentros entre Gobierno y PP fueron constantes y Rajoy rompió toda relación con el Ejecutivo. Al mismo tiempo, Zapatero anunciaba su voluntad de negociar durante los próximos meses. Días después se producía la detención de 12 miembros del aparato de extorsión de ETA y Otegi lo calificaba como un ataque. Durante el mes de julio se produjeron varias reuniones en el País Vasco con dirigentes de Batasuna por parte del PNV y el PSE. Era un intento de relanzar las negociaciones y confirmar el proceso. La principal exigencia de Otegi era que Batasuna iniciase su camino hacia la legalización. Sin embargo, los principales problemas aparecieron sólo unos días después cuando el etarra José Ignacio De Juana Chaos comenzó su huelga de hambre y resurgieron los ataques de kale borroka en las calles vascas. En septiembre, tres encapuchados miembros de ETA reivindican continuar la lucha armada y el 23 de octubre se produce el robo de 300 revólveres, pistolas y munición en un arsenal francés. Tras estos acontecimientos, muchas voces de los diferentes partidos políticos, incluido el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, declaran que con acciones violentas como éstas no se puede seguir con el diálogo. Zapatero dice que el robo tendrá consecuencias. Primeras amenazas directas de ETA La cuerda se tensa a un más cuando ETA reaparece en noviembre para amenazar con romper el proceso de paz si el Gobierno no cumple sus compromisos. Acusan al PSOE de bloquear el diálogo e intentar desgastar la posición de la izquierda abertzale. La banda terrorista animaba a los ciudadanos vascos a tomar las calles del País Vasco y ejercer una presión popular. Además el 7 de noviembre De Juana Chaos había retomado su huelga de hambre y Zapatero admitía que era un obstáculo para el proceso de paz, que se encontraba en un momento delicado. Cuando comienza el mes de diciembre se conoce que ETA no estaba dispuesta a negociar con el Gobierno hasta que no cumpliera sus requisitos mínimos, según el boletín interno de la banda, el Zutabe que recogía que las claves para que el proceso siguiera adelante eran “modificar el esquema estatutario, dar a Batasuna por legalizada y adoptar medidas de acercamiento a las cárceles vascas respecto de los presos”. Días después varios medios de comunicación publican varias reuniones entre el Gobierno y ETA en Europa, aunque Rubalcaba sólo dice que no hay nada relevante que decir. El día 22 de ese mismo mes Zapatero se reúne con Rajoy en la Moncloa, aunque el encuentro no consigue acercar posiciones. Al día siguiente la Ertainzta descubre dos zulos con sustancias explosivas, detonadores y munición en dos localidades vascas. Finalmente, el ya debilitado proceso de paz se rompe con la explosión de la bomba en el aeropuerto de Barajas, en la que murieron dos personas. Una furgoneta bomba explotó en el módulo D del aparcamiento de la Terminal 4 destrozando varios pisos de la instalación. Se trataba del primer atentado mortal de ETA después de tres años y se producía tan sólo un día después de que el presidente del Gobierno anunciase que en materia de lucha antiterrorista la situación era “mejor que hace un año y que al año que viene estaríamos mejor”. Sin embargo, esta última acción de la banda llevó al Ejecutivo a anunciar el fin del proceso mientras que Batasuna y ETA apostaban por continuar las negociaciones a pesar de las dos nuevas víctimas mortales. A partir de ahí, los últimos meses han estado marcados por dos decisiones como la concesión de prisión atenuada para el preso etarra José Ignacio de Juana Chaos y la reciente absolución de Otegi por parte de la Fiscalía de la Audiencia Nacional al retirar los cargos que pesaban sobre él por un delito de enaltecimiento de terrorismo. Estos hechos han confirmado la ruptura total de relaciones entre el Gobierno y la oposición que, con el apoyo de las víctimas (presentes en todo momento), acusan al presidente del Gobierno de mantener vivo el proceso a pesar de la ausencia de voluntad por parte de ETA de poner fina a la violencia.