TRIBUNALES

El TC recusa a Pérez Tremps y nubla el futuro del ‘Estatut’

Por Silvia Sánchez3 min

España09-02-2007

El nuevo enfrentamiento entre PP y PSOE se centra ahora en el Tribunal Constitucional (TC). El caso de la recusación contra Pérez Tremps ha provocado muy distintas reacciones entre los partidos políticos. El Alto Tribunal ha quedado ahora desequilibrado y la mayoría conservadora podría fallar en contra del Estatut catalán.

El 21 de septiembre de 2003 la Generalitat gobernada por CiU encargó un estudio sobre las relaciones exteriores de Cataluña. Se intentaba analizar la viabilidad constitucional de determinadas propuestas planteadas por la propia Generalitat para el Estatut, que en esos momentos todavía no había comenzado a crearse. En junio de 2004, Pablo Pérez Tremps, el encargado de elaborar ese estudio, fue designado juez del Tribunal Constitucional. Pérez Tremps cobró 6.000 euros por su trabajo y sus valoraciones y consejos se vieron reflejados en el texto del Estatut presentado finalmente. Así comenzó la historia de la recusación del PP contra el magistrado. El Partido Popular también fue el promotor de un recurso de inconstitucionalidad contra el Estatut catalán. Once jueces del TC son ahora los encargados de evaluar esta cuestión. Tras dos semanas de deliberación, el Pleno del Tribunal decidió aceptar esta recusación contra el magistrado, lo que plantea nuevos problemas. Para que Tremps pueda ser sustituido por otro miembro del Alto Tribunal, es necesario que dimita, algo que el PP no acepta. El portavoz popular en la Comisión Constitucional del Congreso, Federico Trillo, recalcó que el magistrado es un profesional “competente” que no ha quedado “inhabilitado” para continuar con su labor el TC. Pérez Tremps fue elegido en el cupo del Gobierno, y le correspondería al Ejecutivo de Zapatero nombrar otro magistrado en el caso de que optase por dimitir. Esta decisión, sin embargo, podría levantar muchas suspicacias ahora que el equilibrio entre conservadores y progresistas, es decir, entre afines al sí y el no del Estatut, está roto. Las reacciones desde todos los partidos políticos no se hicieron esperar tras esta decisión. Desde ERC instaron al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a que sustituya al magistrado. En su opinión, la mayoría conservadora, afín a la tesis del PP sobre el Estatut, podría pronunciarse en contra del texto. En el PSOE expresaron su sorpresa por la decisión del Tribunal y la calificaron de insólita, aunque la acatan. El presidente de la Generalitat, José Montilla, aseguró que “es evidente que el PP está utilizando todos los medios para cargarse el Estatut”. El Partido Popular ya había presentado una recusación contra Pérez Tremps hace un año. Fue rechazada como la que presentaron contra la presidenta del TC, María Emilia Casas, por una cuestión similar. La decisión del Tribunal Constitucional afecta, no sólo a los catalanes, sino al Gobierno de Zapatero. Si la reforma se considera inconstitucional, el Ejecutivo sufriría un duro varapalo. Las consecuencias políticas abrirían un nuevo y áspero debate entre los miembros del Congreso y también en la calle. El Estatuto catalán fue admitido por los ciudadanos en un referéndum y una decisión en su contra provocaría una situación inaudita. Tendría además consecuencias para el resto de estatutos autonómicos que se están elaborando. La reforma andaluza, por ejemplo, recoge en muchos artículos los mismos términos que la catalana y ya ha sido también admitida por el Congreso de los Diputados. La lucha por controlar el Tribunal Constitucional representa un nuevo enfrentamiento entre Gobierno y oposición. La vicepresidenta De la Vega acusó al Partido Popular de ser una derecha cada vez “más extrema” que se empeña en fomentar el “desorden” y la “exaltación de los ciudadanos”. Por su parte, Federico Trillo declaró que el Partido Popular sólo pretende que se garantice “la plena aplicación de la ley y que el tribunal sea plenamente parcial”.