PAÍS VASCO

Ibarretxe asegura ante los jueces que volverá a hablar con Batasuna

Por Antonio Pérez4 min

España01-02-2007

El lehendakari fue interrogado por el delito de desobediencia que, según el Foro de Ermua, cometió al reunirse con tres miembros de Batasuna tras el alto el fuego decretado por ETA -que, en la misma causa, se negaron a hablar ante el juez-. Los partidos integrantes de la coalición del Gobierno vasco habían convocado antes una manifestación que subió la tensión en el CGPJ y volvió a destapar la caja de Pandora.

“Sin diálogo con todos, no hay salida”. Así de rotundo se mostró el lehendakari Juan José Ibarretxe después de declarar durante una hora y media ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco el pasado 31 de enero. El máximo representante de los vascos se sentó en el banquillo de los acusados como imputado con el objetivo de prestar declaración sobre la reunión que mantuvo en abril del año pasado en Vitoria con Arnaldo Otegi, Pernando Barrena y Juan José Petrikorena, líderes de Batasuna, después del alto el fuego anunciado por la banda terrorista ETA en marzo del 2006. El encuentro tuvo lugar dentro del marco de ronda de conversaciones que el líder vasco inició con todas la fuerzas políticas para llegar a un acuerdo que facilitara el fin de la violencia en el País Vasco. Unos hechos que podrían ser constitutivos de un delito de desobediencia, según el magistrado instructor de la causa, Roberto Saiz. El juez admitió la querella interpuesta por el Foro de Ermua, que considera a Ibarretxe colaborador necesario de ese delito que, presuntamente, habría cometido los tres miembros de la formación ilegalizada. Un día antes, Otegi, Barrena y Petrikorena acudieron también a los juzgados por la misma causa, aunque se negaron a responder a las preguntas –tanto del juez como del letrado- acogiéndose a su derecho a no declarar. Tan sólo hicieron mención brevemente a que la reunión con Ibarretxe formaba parte de la ronda de contactos con partidos políticos, al igual que también tuvieron encuentros con otras formaciones. A la salida, Otegi remarcó que, a su juicio, “no estamos en un debate jurídico, sino político” que tiene como origen la Ley de Partidos, que calificó como “ley de excepción”. Por su parte Ibarretxe, que acudió un día después al tribunal “con la conciencia limpia”, explicó que llevó y seguirá llevando a cabo su “compromiso electoral” de dialogar con “todas las sensibilidades políticas”, incluyendo a Batasuna. Del mismo modo, consideró que el hecho de figurar como imputado y “ser encausado penalmente” por cumplir un compromiso que adquirió políticamente es un “despropósito”. Desde su punto de vista, eso sólo puede pasar en “un país de locos”. Además de defender y reafirmar su postura de diálogo como el único medio para conseguir la paz, el lehendakari entregó al juez el acuerdo de coalición de gobierno entre el PNV, Eusko Alkartasuna y Ezker Batua-IU en el que se especifica cuáles son las líneas de la estrategia política del gobierno. Así justificó las decisiones tomadas y advirtió que el proceso abierto contra él “vulnera” su derecho fundamental “a hacer política”. “Criminalizar es diálogo es volver atrás”, un extremo que, según aseguró, no va a permitir, ya que seguirá apostando por esta vía para lograr acuerdos con todos los partidos. El líder del Ejecutivo vasco respondió a las preguntas del juez y del fiscal, pero no a las del defensor del Foro de Ermua al considera que esta asociación fomenta el “odio” y la “crispación” en Euskadi. Después del interrogatorio, Ibarretxe hizo un paralelismo con el diálogo mantenido por el Gobierno central con representantes del entorno etarra y se preguntó por qué entonces al Ejecutivo “se le piden responsabilidades en el Congreso” y, por el contrario, cuando la iniciativa la toma el lehendakari “comete un delito”. EL CGPJ Y EL GOBIERNO CENTRAL PIDEN RESPETO A LAS DECISIONES JUDICIALES Durante estos días, Ibarretxe no ha estado solo. A la salida de los juzgados le esperaban numerosos representantes políticos y ciudadanos para mostrarle su apoyo. Dos días antes, su partido, el PNV, junto a EA, EB y Aralar, había convocado una manifestación en Bilbao la que acudieron 45.000 personas –según el ayuntamiento de la capital- para pedir el archivo de la causa abierta. En el acto, los asistentes también exigieron el fin de la “injerencia” judicial en la política vasca. Por su parte, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) respondió con una declaración pública en la que se exigía “el cese inmediato de cualesquiera campañas, manifestaciones o declaraciones que pretendan hostigar y deslegitimar a los jueces y magistrados que administran Justicia en la comunidad autónoma vasca”. El Gobierno vasco contestó entonces que Ibarretxe “no era un ciudadano más” y volvió a criticar la judicialización de la política en el País Vasco. En una línea crítica también se pronunció el líder del PP, Mariano Rajoy, que aseguró que esa manifestación “no es aceptable” en un Estado de Derecho porque “no se puede presionar a los jueces”. Además, subrayó que Ibarretxe está sometido a la ley “como todos los ciudadanos” por “muy lehendakari que sea”. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, destacó por su parte que la independencia del poder Judicial “está garantizada” en la Constitución y que su Ejecutivo “siempre ha actuado” bajo esa directriz. Pero no se quedó ahí. Rodríguez Zapatero afirmó también que el Estado democrático permite también “la libertad de expresión y la libertad de crítica”, dos derechos que “nadie puede impedir”.