BRUSELAS
La CE investiga un posible fraude de las eléctricas españolas
Por Beatriz Pérez Morán
2 min
Economía27-01-2007
En Bruselas, el sector energético español anda de cabeza. La CE investigará a España por las tarifas eléctricas de 2005 y la llevará ante el Tribunal de Luxemburgo por la excesiva lista de de competencias que ostenta actualmente la Comisión Nacional de la Energía (CNE).
Más que tratarse del sector energético español, parece el argumento de la mejor telenovela venezolana: cuando se apaciguan un poco las aguas en las eléctricas españolas, vuelve a saltar el escándalo. Esta vez se trata de las tarifas reducidas de que han disfrutado estas empresas. Según la Comisión Europea, que ha abierto una investigación formal sobre las tarifas eléctricas reguladas en España, los precios artificialmente bajos de los que se beneficiaron los clientes industriales en 2005 pueden representar una ayuda de Estado ilegal. En esta polémica no han sido salpicadas, en principio, las tarifas de las pequeñas empresas ni de los consumidores domésticos. Más concretamente, Bruselas explica que los precios regulados provocaron un déficit de 3.800 millones de euros -conocido como déficit de tarifa- en el sector eléctrico español en 2005, que deberá ser financiado por un nuevo gravamen que tendrán que pagar todos los consumidores españoles en su factura de electricidad durante los próximos 14 años. El objetivo de la investigación es determinar si las grandes y medianas empresas, cuyo consumo es elevado, se vieron beneficiadas por la ayuda del Estado y, si fue así, si esta ayuda podría dar lugar a falseamientos desproporcionados del comercio y la competencia dentro de la UE. Dichos falseamientos afectarían a los consumidores en la medida en que no fomentasen el mercado liberalizado, además de favorecer injustamente a determinadas empresas, como asegura la comisaria europea de Competencia, Neelie Kroes. El hecho se agravaría si se considera que las citadas tarifas reguladas han podido impedir a nuevos proveedores introducirse en el mercado español o, incluso, invitar a otros a abandonar su actividad en España. Pero ésta no es la primera vez que le dan un tirón de orejas a las eléctricas españolas. En diciembre pasado, la Comisión Europea ya abrió un procedimiento de infracción contra España centrado en esta cuestión, al considerar que las tarifas reguladas podrían ser incompatibles.