VIDEOJUEGOS

Amnistía pide una ley que proteja a los niños de los videojuegos

Por Paula de Oriol1 min

Comunicación08-01-2007

Amnistía Internacional (AI) reclamó el jueves que el mercado de videojuegos no esta suficientemente vigilado ya que los niños utilizan los que no son aptos para su edad y solicitó “una legislación de ámbito estatal” para controlarlo. Juegos cuyos temas abordan la violencia y que simulan asesinatos, robos y otros crímenes peligran en la infancia de hoy en día y pueden llegar a ser muy perjudiciales.

"Cada vez son más los menores que consumen videojuegos. La Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento (ADESE) registra que el crecimiento más intenso entre 2004 y 2006 se da entre los menores de 11 a 16 años, de los cuales un 78 por ciento consume videojuegos", recordó AI. Además, matizó que la clasificación por edades del código PEGI es “confusa” y que la información de sus iconos es insuficiente. Según Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España, “el Gobierno delega la protección de los menores en las empresas privadas de videojuegos y no hace nada por protegerlos, violando sus derechos al incumplir la legislación nacional e internacional en materia de protección de la infancia". A su vez, el director afirmó que "basar la protección de los menores frente a contenidos que banalizan las violaciones de derechos humanos exclusivamente en un código de libre adhesión por parte de las empresas de software de entretenimiento es una dejación de responsabilidad por parte del Estado. Las empresas que se lucran, legítimamente, en el mercado del videojuego no pueden ni deben ser a la vez garantes de los derechos de los niños y niñas". Para arreglar esta situación, Amnistía Internacional pidió la adopción de una legislación que garantice la protección a la infancia y la adolescencia en lo relativo a la "producción, distribución, venta, publicidad y promoción de videojuegos". Una normativa que, a su juicio, debe proporcionar un marco adecuado a las comunidades autónomas para que desarrollen medidas legislativas al respecto.