CORRUPCIÓN URBANÍSTICA

La Justicia admite una querella contra el alcalde de Santa Cruz de Tenerife

Por Antonio Pérez2 min

España05-01-2007

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha decidido admitir a trámite la querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción contra diversas personalidades del consistorio de Santa Cruz de Tenerife, con el alcalde Miguel Zerolo, de Coalición Canaria, a la cabeza.

Durante un mes las actuaciones de la Justicia canaria serán secretas, pero la querella formulada por la Fiscalía Anticorrupción contra el primer edil del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, perteneciente a Coalición Canaria, y otras diez personas ha sido finalmente admitida. Según la Fiscalía, también podrían estar implicados el concejal de Urbanismo del consistorio, Manuel Parejo, el presidente de la Cámara de Comercio de la localidad, Ignacio González y los que fueron portavoces municipales del PSOE y del PP en el municipio, Emilio Fresco y José Emilio García, respectivamente. Además, se acusa al presidente de la Federación provincial de entidades de la construcción, Antonio Plasencia y cierran la “lista negra” diversos cargos y técnicos del municipio. Con la admisión de esta querella, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias tratará de investigar si hubo prevaricación y/o malversación de caudales públicos en la compra de terrenos junto a la playa de Santa Cruz de Tenerife denominada como “Las Teresitas”. La denuncia realizada por la Fiscalía Anticorrupción se ha basado en la investigación desde prácticamente un año y medio de las plusvalías obtenidas por un grupo de empresarios debido a los citados terrenos, que finalmente fueron vendidos al ayuntamiento. En el ámbito político, Izquierda Unida de Canarias ha exigido a Coalición Canaria (CC) la dimisión de Zerolo al considerar “inadmisible” que el ayuntamiento pagara casi el triple del precio de la tasación municipal por los terrenos en “Las Teresitas”. Desde CC, como respuesta, se remarca que la admisión de la querella “no es más que un trámite formal”. En este sentido, el concejal del CC Bruno Piqué, consideró “una payasada” la propuesta del Grupo Mixto municipal. De este modo, con este caso continúa la bola de nieve de altos cargos públicos implicados en actuaciones urbanísticas ilícitas en materia de Urbanismo, inaugurada con la operación Malaya en Marbella, seguida con diversos municipios de Madrid y Castilla La-Mancha y diversas operaciones en la Comunidad Valenciana, además de los últimos casos denunciados en las Islas Baleares.