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AIR MADRID

El PP pide la dimisión de la ministra y un gabinete de crisis

Por Carmen JardónTiempo de lectura1 min
Economía23-12-2006

Air Madrid, Gobierno, afectados… todos tienen algo que decir y ahora le ha llegado el turno a la oposición, es decir, al Partido Popular, que reclama la dimisión de la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez y la creación de un gabinete de crisis de los afectados que sustituya al plan de emergencia puesto en marcha por el Ejecutivo. El asunto tiene cuerda para rato.

El PP pedirá explicaciones a Álvarez en la Comisión de Fomento y Vivienda del Congreso de Diputados para que justifique los hechos que han llevado al cierre de vuelos, los problemas de seguridad, los derechos de los trabajadores y la situación de las personas que se han quedado sin poder volar con billetes. La secretaria ejecutiva de Política Social y Bienestar del Partido Popular, Ana Pastor, añadió que Álvarez “debe pedir perdón por las declaraciones xenófobas que ha hecho al decir que Fomento no es una agencia de viajes y que no tiene por qué pagar las vacaciones de nadie, ofendiendo a los inmigrantes que esperaban volar con Air Madrid” y, después de está rectificación, dimitir. Pastor, además, explicó las características que debe tener el gabinete: “Este comité de crisis debe ser interministerial, porque en el cierre de Air Madrid y la situación actual están implicados cuatro ministerios, Fomento, Sanidad y Consumo, Interior y Exteriores”. A juicio de la política popular, se está viviendo una situación lamentable que perjudica a la imagen de España, que demuestra el talante del Gobierno, que habla de solidaridad y de atención a los emigrantes y luego los deja tirados en los aeropuertos. El caso de Air Madrid presenta cierta similitud con el reciente fraude Fórum-Afinsa Los afectados por ambos escándalos han visto cómo ahorros e ilusiones desaparecían casi como por arte de magia. En este contexto, el Congreso ha rechazado la creación de un fondo de garantía para los clientes de empresas de bienes tangibles. La propuesta había sido planteada por el Grupo parlamentario Popular como enmienda a la Ley de Protección de Consumidores y Usuarios. La iniciativa sólo consiguió el apoyo de CiU y perdió la votación por 185 votos en contra, 147 a favor y una abstención.