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DEPENDENCIA

El Estado ayudará a las personas dependientes según su patrimonio

Por Elena R. BlázquezTiempo de lectura2 min
Sociedad30-11-2006

En España hay más de 1.125.000 personas dependientes, entendiendo éstas como las personas con discapacidad, que no se pueden valer por sí mismas, y personas mayores. De su cuidado se ocupan principalmente las mujeres, en el ámbito familiar, lo que les dificulta desarrollar su vida laboral.

Sólo el 3,5 por ciento de las personas mayores de 65 años cuentan con un servicio de ayuda a domicilio, el 2,9 por ciento con teleasistencia, el 3,8 por ciento con una plaza en una residencia y el 0,5 por ciento, en un centro de día. Para mejorar esta situación, el Gobierno ha creado el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), que asegurará las prestaciones de servicios y también económicas a las personas dependientes. Además, se constituye un derecho fundamental de la ciudadanía, exigible administrativa y jurisdiccionalmente, y se convierte en el cuarto pilar del Estado de Bienestar, junto a los sistemas de salud, educativo y de pensiones. El SAAD integra y coordina centros y servicios, tanto públicos como privados. Las Comunidades Autónomas establecerán un programa individual de atención, que evaluará al grado de dependencia de la persona (moderada, severa o grande) y establecerá la intensidad del cuidado que requiere. Las prestaciones previstas para estos cuidados incluyen servicios, contratados según un catálogo, y ayudas económicas para la contratación de servicio, por cuidados en el entorno familiar y para la prestación de asistencia personalizada. Además, los que contraten un seguro privado de dependencia obtendrán beneficios fiscales. Para sufragar estos gastos, el Estado aportará más de 12.600 millones de euros hasta 2015, y los beneficiarios del sistema aportarán financiación en función de su renta y patrimonio, aunque nadie dejará de recibir atención por falta de recursos. Pero la Ley no parece representar el gusto de todos. El Foro de Vida Independiente, un colectivo que agrupa a 300.000 dependientes, critica que "no se contemplan todas las herramientas necesarias para que cualquier persona dependiente sea realmente un ciudadano con todos los derechos y pueda desarrollar vida normal. Opinan que la Ley de Dependencia prefiere mantener a las personas confinadas en residencias o en sus hogares, pero no les facilita incorporarse con independencia y autonomía real a la vida social. Además, la plataforma muestra "temor" por que la cuestión del copago no hay sido cerrada dentro del texto.