MALOS TRATOS

Se comprueban los resultados de la Ley tras dos años desde su aprobación

Por María Reyes2 min

Sociedad25-11-2006

El próximo 22 de diciembre se cumplirán dos años desde que el pleno del Congreso aprobaba por unanimidad la Ley integral contra la violencia de sexo. Según la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, a lo largo del 2006 se han detectado dos millones de casos de mujeres maltratadas por su pareja.

Es más, ya son 60 las que han fallecido por esta causa cuando queda un mes para que finalice el año. La cifra ha alcanzado a la del 2005 y la propia vicepresidenta a reconocido la existencia de fallos en la aplicación de la norma. Por ello el Gobierno ha decidido dar un nuevo impulso a la lucha contra este fenómeno. El próximo 15 de diciembre el Ejecutivo llevará al Consejo de Ministros un nuevo plan de sensibilización que completará con distintas medidas a lo largo del próximo año. Dicho plan, que cuenta con un presupuesto de 1'9 millones de euros, incluirá anuncios difundidos por televisión, radio y prensa que narrarán el final de una historia de malos tratos desde tres perspectivas diferentes: La del maltratador, la de la maltratada y la del entorno. El Gobierno asegura que, dos años después de la aprobación de la Ley, "hay que seguir trabajando" mientras "haya una sola mujer maltratada". Por su parte, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, ha destacado aspectos positivos conseguidos en estos 23 meses de aplicación de la norma, como las 35.000 órdenes de protección que han sido aprobadas por los jueces y que han podido evitar otros tantos casos de violencia. El texto sufrió algunos cambios ya durante su tramitación parlamentaria, como la modificación del Código Penal para que las amenazas y lesiones leves fuesen también consideradas delito cuando afectan a víctimas "especialmente vulnerables -niños, ancianos y minusválidos- que convivan con el autor". Otra de las medidas que esta Ley conlleva y que ha dado mucho de que hablar han sido los juzgados especializados, denominados "de Igualdad y Asuntos familiares". La polémica fue abierta por el rápido colapso de los mismos lo que llevó a la lentitud de los juicios. Ya en su primer mes de existencia aparecieron los problemas con las más de dos mil denuncias que se produjeron, un aumento de las mismas que pone en evidencia que estos organismos están animando a denunciar.