ESTATUTOS
El PP cambia su opinión sobre las reformas estatutarias
Por Ángeles Rigueiro 
3 min
España28-10-2006
Los populares han cambiado su rumbo y actitud en materia estatuaria tras alcanzar el acuerdo con los socialistas en torno al preámbulo y el artículo 1 del nuevo Estatuto de Andalucía. El PP votó a favor del texto el último día del debate en la Comisión Constitucional del Congreso y, a diferencia de lo que hicieron en el Parlamento andaluz, han aceptado la definición de Andalucía con la expresión “realidad nacional”.
Aunque el término está enmarcado dentro de “la unidad indisoluble de la nación española”, este cambio de actitud ha provocado la sorpresa y la desorientación. El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha cargado duramente contra el Estatuto catalán durante los últimos años y ahora este cambio de opinión ha desorientado su mensaje a nivel nacional. Además, el presidente de la formación en Andalucía y ponente del Estatuto, Javier Arenas, una semana antes de que se pactase esta fórmula de definición dijo: "La única realidad nacional que conocen los andaluces es la española". Pasada una semana se contradecía, al afirmar que el acuerdo era plenamente constitucional. Este consenso fue posible tras una intensa jornada de negociaciones entre el PP y el PSOE, que obligaron a retrasar tres horas la reanudación de los trabajos de la Comisión Constitucional del Congreso. PSOE, PP e IU pedirán el voto a favor del Estatuto de Andalucía el próximo febrero, cuando se celebre el referéndum que debe ratificar el texto. El Partido Andalucista se ha quedado sólo en su postura de rechazo al articulado. En el Parlamento andaluz votó en contra del texto acordado por el PSOE e IU, al igual que lo hizo en Madrid. El PP afirma que el pacto pudo llevarse a cabo debido a que los dos partidos elaboraron un escrito en el que el concepto de realidad nacional se vincula a la historia de Andalucía y a la Constitución. La definición real se refleja en el artículo 1: "Andalucía es una nacionalidad histórica, en el marco de la unidad de la nación española". El Manifiesto andalucista de Córdoba describió a Andalucía como realidad nacional en 1919. Por ese motivo la Constitución española, en su artículo 2, reconoce a Andalucía como una nacionalidad en el marco de la unidad indisoluble de la nación española" Para lograr esta mediación entre populares y socialistas fue crucial la intervención de Juan Oreja, ex secretario general del PP andaluz. Creó una canal de comunicación para poder lograr este acuerdo. Por otra parte, es clave, que se celebrarán elecciones municipales tres meses después del referéndum del Estatuto en febrero del 2007. En estas elecciones los populares cuentan con su mayor capital político en Andalucía. Para los alcaldes no seria beneficioso llegar con el no al Estatuto. Por otra parte, a los socialistas parece no sorprenderles este cambio, al afirmar que tienen experiencia en las modificaciones del presidente del PP andaluz en sus decisiones, como ocurrió en el pacto del impulso democrático. Además, se podía observar desde verano las diferencias internas en el PP sobre el apoyo o no al Estatuto. El portavoz parlamentario popular, Euardo Zaplana, aseguró que veía complicado el sí del grupo, mientras que Arenas contestó en sentido opuesto: “Hoy es posible el acuerdo” Rajoy afirmó en la clausura del acto organizado por el PP de Andalucía, que una sociedad democrática "debe acordar algunas cosas y, si en algo es necesario el acuerdo, es en lo que queremos que sea España". De esta manera justificó el respaldo al nuevo Estatuto de Andalucía después de que "se ha puesto orden, razón y Constitución". Variaciones también en Castilla-La Mancha Paralelamente al caso andaluz, en Castilla-La Mancha populares y socialistas acordaban también la reforma de Estatuto para esa comunidad autónoma. EL nuevo texto establece al menos dos puntos que chocan también con lo defendido por el PP hasta la fecha. El primer aspecto afecta a la financiación. Será Castilla- La Mancha y no las Cortes quien fije de manera unilateral las inversiones que deberá realizar el Estado en la región. Por su parte, el PP también ha cambiado su postura en lo que a la política hidráulica se refiere. El principal partido de la oposición aceptó la cancelación del Trasvase Tajo-Segura en un plazo máximo de nueve años y deja en manos del Gobierno de Castilla-La Mancha cualquier decisión que afecte a las aguas de esa región. Un medida que ha sorprendido y disgustado al propio PP de Murcia, -comunidad receptora del Trasvase- quien ya ha calificado este acuerdo como “el pacto del chorrico”.