Esta web contiene cookies. Al navegar acepta su uso conforme a la legislación vigente Más Información
Sorry, your browser does not support inline SVG

ETA

La justicia deja en evidencia el alto el fuego

Fotografía El portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi

El portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi

Por Alejandro RequeijoTiempo de lectura3 min
España25-06-2006

La Audiencia Nacional ha puesto de manifiesto que la actividad de ETA sigue vigente a pesar del alto el fuego. Dos acontecimientos; la desarticulación de su red de extorsión y el juicio por el asesinato de Miguel Ángel Blanco demuestran la nula intención de algunos de sus miembros a cesar las acciones terroristas. Así lo expresaba el ex jefe del aparato militar, Txapote: “Somos militantes de ETA y no vamos a parar en la lucha”.

Nueve años después, el espíritu de Ermua se daba cita en la Audiencia Nacional. Sentados en el banquillo de los acusados, dos sospechosos por la muerte de Miguel Ángel Blanco: el ex jefe de los comandos de la banda, Francisco Javier García Gaztelu, alias Txapote y su compañera sentimental y también terrorista, Irantzu Gallastegi, alias Amaia. Ambos mantuvieron una actitud desafiante durante todo el juicio. Se negaron a hablar en castellano ante el Tribunal. En ningún momento prestaron atención al devenir del proceso. Sus sonrisas y sus gestos levantaron el malestar entre los familiares de la víctima lo que provocó enfrentamientos e insultos. Al final, al hacer uso de su última palabra antes de que el juicio quedara visto para sentencia, Txapote ante la presencia de familiares, magistrados y medios de comunicación, lejos de mostrar algún signo de arrepentimiento aceptó que eran militantes de ETA y garantizó continuar con su lucha “hasta que Euskal Herria quedará liberada”. El fiscal pide para cada uno 50 años de cárcel. La justicia ha protagonizado la actualidad durante los últimos días en lo que al proceso iniciado tras el alto el fuego se refiere. Paralelamente al pleito por la muerte de Miguel Ángel Blanco, la Policía en una operación dirigida por el juez de la Audiencia, Fernando Grande Marlaska, desarticuló la red de extorsión de ETA. Su función era garantizar la financiación de la banda por medio del llamado “impuesto revolucionario”. Han sido necesarios dos años de investigaciones conjuntas entre España y Francia para poner fin a más dos décadas de recaudaciones. El saldo de la operación fueron doce detenidos, siete de ellos en territorio galo. Entre los sospechosos, algunos de ellos ya en prisión, figuran algunos ilustres de la banda como uno de los fundadores, Julen Madariaga, actualmente miembro de la formación Aralar o el jefe de la trama, Ángel Iturbe Abásolo. Además, Marlaska ha citado a declarar a dos empresarios navarros acusador de pagar dinero a los terroristas así como al dirigente del PNV Gorka Aguirre también por su relación con la red de financiación. Pero Aguirre no estará solo ante el juez, le acompañará el histórico líder nacionalista, Xavier Arzalluz, en calidad de testigo. NUEVAS CARTAS DE EXTORSIÓN Y ‘KALE BORROKA’ Los arrestados se dedicaban a reunir fondos mediante el envío de cartas amenazantes y otras vías de extorsión. Lo más significativo es que sus últimas operaciones podrían haberse producido después del 23 marzo, momento en el que ETA anunció su alto el fuego permanente. La Fiscalía asegura que en el sumario no figuran cartas de extorsión posteriores a esa fecha, no obstante, la opinión de la Policía es bien distinta. Según informa El Mundo, las Fuerzas de Seguridad del Estado ha constatado el envío de una treintena de misivas al empresariado vasco y navarro entre el pasado mes de marzo y principios del mes de junio. Las decisiones de la Audiencia Nacional han provocado una gran inquietud en el entorno terrorista y han resucitado viejas reacciones. Su brazo político, Batasuna, considera la decisión de Marlaska “un auténtico nubarrón en el proceso”. Pero desde el entorno más radical culpan directamente al Gobierno y al PSOE de estar poniendo “obstáculos a la paz”. Esta sensación se dejó notar con un nuevo rebrote de la violencia callejera. Por las calles del País Vasco se pudieron leer pintadas del estilo “12 detenidos, así es como contribuyen los Estados francés y español al proceso”, así como otras leyendas con críticas a los socialistas. Además, la sede del PSOE en Baracaldo fue atacada con cócteles molotov. Por su parte la propia banda terrorista emitió un comunicado a través del cual instaba el Ejecutivo a poner fin a todas “las medidas de represión y excepción” y abogaba por que “Los aparatos del Estado no condicionen ni el desarrollo ni el resultado del proceso”.