Esta web contiene cookies. Al navegar acepta su uso conforme a la legislación vigente Más Información
Sorry, your browser does not support inline SVG

ESTATUTOS

Seis comunidades más pretenden seguir la estela de Cataluña y Valencia

Fotografía
Por Alejandro RequeijoTiempo de lectura3 min
España07-05-2006

Era uno de los retos del presidente del Gobierno al comenzar su mandato: afrontar las reformas de los Estatutos. Con el texto valenciano ya aprobado definitivamente y el catalán a la espera de ser ratificado en su comunidad autónoma, Andalucía, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Aragón y Galicia ya se preparan –oficialmente- para seguir sus pasos. La definición y la financiación se presentan como los puntos más polémicos del proceso.

Andalucía ha sido la primera en continuar la estela. Recientemente, su Parlamento autonómico ha aprobado la reforma del Estatuto gracias a los votos a favor del PSOE y de IU, lo que significa un 60 por ciento de apoyasen la Cámara. Aunque por razones diversas, el PP y el Partido Andalucista no se han sumado al proyecto. El nuevo articulado reconoce a Andalucía como una “realidad nacional”, un aspecto que no ha sentado bien entre las filas populares. En cuanto a la financiación, la inversión destinada a Andalucía debe ser al menos proporcional al peso de la población Andaluza sobre el conjunto del Estado (el 17,8 por ciento). A partir, de ahora todo queda en manos de las Cortes donde en breve llegará el nuevo Estatuto. El portavoz parlamentario socialista, Diego López Garrido, ya ha asegurado que “la reforma se retocará aunque no se desnaturalizará”. En Baleares, comunidad presidida por el popular, Jaume Matas, el proceso se asemeja más al valenciano que al catalán. De momento se mantiene el consenso entre el PP y el PSOE. Ambas formaciones pretenden remitir el nuevo Estatuto a las Cortes antes de que finalice la legislatura autonómica, en mayo de 2007. Matas ya ha anunciado que “la financiación, los fondos que recibiremos, el dinero es lo que importa del Estatuto”. No obstante esta no es la única exigencia. Entre las aspiraciones baleares se incluye también el definir al archipiélago como una “nacionalidad histórica” así como crear un consejo audiovisual. La siguiente en la lista es la Comunidad Canaria. El 30 de mayo, Día de Canarias es la fecha elegida por su clase política para llevar su nuevo Estatuto a Madrid. Sus exigencias irán más encaminadas al campo de las competencias que al de la definición. Canarias se conforma con un término, ya aprobado por la UE y el Tratado de Ámsterdam en el que se autoproclaman como un “archipiélago atlántico y región ultraperiférica”. Por el contrario, la clase política canaria no dejará de exigir algunas competencias recogidas en los Estatutos de Andalucía o Cataluña además de un trato especial por su condición de archipiélago. Esto afecta a los departamentos de inmigración, puertos y aeropuertos, sistema judicial y una agencia tributaria consorciada. En Castilla -La Mancha, PP y PSOE se esfuerzan por llegar a un acuerdo. Por el momento han dejado aparcados lo puntos que les separan y se han puesto manos a la obra para perfilar aquellos que les unen como por ejemplo la definición. Populares y socialistas coinciden en que Castilla-La mancha es una comunidad autónoma. Para más adelante queda la negociación en torno a la deuda histórica, el control del agua y la financiación. En Aragón la falta de entendimiento no viene provocada por los enfrentamientos entre PP y PSOE. En este caso, son las fuerzas minoritarias (CHA, IU, PAR) las que están mostrando su rechazo a que el Estatuto sea cosa de dos tal y como ha sucedido en la Comunidad Valenciana. El hecho de que todos participen en el proceso esta deportando dificultades en la negociación de la Ley de Lenguas, la financiación, la gestión del agua y la denominación. PP y PSOE están de acuerdo en mantenerse como “nacionalidad histórica”, un reconocimiento vigente desde 1996. Galicia cierra esta primera ronda de candidatos oficiales a reformar su Estatuto. El presidente de la Xunta, el socialista Emilio Pérez Touriño, ya ha asegurado que “Galicia no va a ser menos que nadie” en referencia los procesos ya en marcha. En este caso, es el capitulo de la denominación es el que más ampollas esta levantado. Mientras el PP no contempla la posibilidad de incluir el termino nación en el articulado, desde el BNG, socio en el Gobierno del PSOE, no están dispuestos a permitir que se obvie esa denominación. A todos estos candidatos hay que sumarle el nombre de otras comunidades que miran de reojo la espiral reformista. El ejemplo más claro es el del País Vasco. Tras el rechazo, a principios del pasado año, del plan Ibarretxe, desde el PNV no cejan en su empeño de mejorar su estatus en el futuro.