SALUD
El Consejo de Ministros aprueba la Ley de Dependencia
Por Alfredo L. Zamora
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Sociedad21-04-2006
El Consejo de Ministros se ha reunido por primera vez tras los cambios en Interior, Defensa y Educación para aprobar el proyecto de Ley de Dependencia que asistirá a las personas que precisen ayuda para realizar actividades de la vida diaria. Aún tiene que ser ratificado por las Cortes pero se estima que entre en vigor en enero de 2007 y que en diez años asistirá a más de un millón de ciudadanos.
El proyecto de ley, que fue presentado en diciembre por el Gobierno y que acaba de ser aprobado, creará un sistema nacional de asistencia a personas que precisan ayuda para realizar las actividades de la vida diaria y que, por su pérdida de autonomía, requieren la presencia continua e indispensable de un cuidador. La mayoría de estas personas tienen más de 65 años y no disponen de medios económicos para la oferta privada, por lo que son cuidados por familiares. También se incluye en la ley la atención a niños de hasta tres años y a los enfermos mentales, ante los que la asistencia se convertirá en un derecho universal exigible administrativa y judicialmente. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, calificó a la norma como el "cuarto pilar del Estado ya que da un nuevo paso en la mejora de la calidad de los cuidadnos y ofrece una respuesta a las necesidades insatisfechas, tanto de las personas en dependencia como de sus cuidadores". La Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, como se denominará exactamente a esta normativa, prevé que las personas sean evaluadas para determinar el grado y nivel de dependencia y así marcar las prestaciones a las que tiene derecho. Éstas abarcan desde la teleasistencia o ayudas para hacer accesible el hogar, hasta la atención a domicilio o el acceso a residencias para mayores dependientes o para personas discapacitadas. El dependiente puede optar también por se atendido por su familia y recibir una compensación económica. Este caso fue recomendado a reconsiderar por el Consejo de Estado ya que es el más extendido en la sociedad española. Para hacer uso de este servicio el cuidador debería darse de alta en la Seguridad Social para poder así recibir la cuantía económica. La financiación procederá de tres vías: el Estado, las Comunidades Autónomas y los propios usuarios, que pagarán parte de los servicios en función de su capacidad económica. La previsión de gastos para los ocho primeros años es de más 12.638 millones de euros, y se prevé que las Comunidades aporten una cuantía similar. El próximo año la cantidad invertida será de 400 millones, una cifra que irá aumentando progresivamente hasta alcanzar la estipulada para 2015.