MEDIO AMBIENTE

El negocio ilegal del agua destruye los ecosistemas

Por Elena R. Blázquez2 min

Sociedad22-03-2006

Robar agua se ha convertido en negocio redondo: con la que se extrae sin licencia se riegan urbanizaciones, campos de golf, cultivos rentables... En ocasiones, esto no ocurriría si los encargados de conceder licencias cumplieran con su trabajo de forma rápida y eficaz.

Muchas de las urbanizaciones ajardinadas, campos de golf y complejos turísticos que se sitúan en zonas áridas obtienen el agua para el regadío de forma ilegal. También ocurre esto con algunas plantaciones agrícolas: los cultivos de regadío son más rentables que los de secano, mucho más si el agua no hay que pagarla –lo que sucede en la sexta parte de estos cultivos en España-. En total, WWF/Adena calcula en un estudio que se extraen 3.600 hectómetros cúbicos de agua ilegalmente al año. Pero este negocio está desencadenando algunas consecuencias negativas. Los humedales se forman cuando las aguas subterráneas afloran a la superficie, pero si el acuífero se sobre explota, desaparece el ecosistema. Y donde no hay humedal, la explotación ilegal (el 45 por ciento de los acuíferos) deja sin agua a los pozos que se usan de acuerdo a la legislación. Desde 1986, todas las aguas, tanto superficiales como subterráneas, dejan de ser privadas y se convierten en públicas. Cada nuevo aprovechamiento que supere los 700 metros cúbicos por año necesita una concesión, que otorga el Organismo de cuenca competente en cada caso. Esta concesión especifica el uso del agua, su volumen máximo extraíble, la localización y sus características. Quienes no cumplen con estas normas empeoran la calidad de las aguas porque, al haber menor cantidad de líquido en el acuífero, también es menor la capacidad para diluir la contaminación o los vertidos. En pozos costeros, el vaciado de estos provoca la intrusión de agua salina del mar tierra adentro y su mezcla con el agua dulce. Este líquido contaminado estropea las cosechas y, por supuesto, no es potable. Los organismos que regulan las cuencas -dependientes del Ministerio de Medio Ambiente y de las Comunidades Autónomas- son los encargados de vigilar y aplicar la ley. Pero por falta de recursos o de voluntad, esta función no siempre se cumple. También es su competencia la tramitación de expedientes de inscripción y concesión de nuevos derechos de agua. Pero la lentitud en este sentido fomenta el aprovechamiento ilegal de muchos usuarios que se cansan de esperar. Las soluciones para atajar este problema comienzan por identificar todos los pozos ilegales, impedir que sigan funcionando y sancionar a los usuarios. Se complementaría con la formación y sensibilización en el uso racional del agua. Además de reformar las Comunidades de Usuarios de Aguas, asegurando su mayor implicación en la gestión del líquido. Por último, sería necesario revisar las concesiones que ya existen para rescatar volúmenes de agua en zonas sobreexplotadas. Estas medidas son necesarias, pues el volumen de agua embalsada sigue siendo menor que otros años: las aguas superficiales embalsadas esta semana superaban los 28.600 hectómetros cúbicos.