JUSTICIA

Del Olmo halla pruebas judiciales que llevaban dos años desaparecidas

Por Enrique García García2 min

España24-02-2006

Dos años en un lugar oculto de la Audiencia Nacional. Como si fuera un expediente secreto, diversas cintas necesarias para incriminar a varios narcotraficantes hispano-turcos se mantuvieron en paradero desconocido hasta hace unos días. Fue el juez Del Olmo el que anunció su hallazgo, después de que un periódico denunciara el hecho. En este caso, la verdad se encontraba ahí dentro... Sólo había que buscarla.

Recientemente el diario El País denunció la desaparición de unas cintas de audio almacenadas en la Audiencia Nacional con pruebas incriminatorias cuya ausencia llevó a la absolución de varios narcotraficantes. Hasta tres veces llegó a pedir la Fiscalía antidroga en su momento las cintas -hace dos años que desaparecieron- a través de un expediente interno para que se recuperaran los documentos. Tan solo un día después de la publicación del artículo, el Juez del Olmo anunció que hacía dos días que las cintas habían sido encontradas. A pesar del hallazgo, del descuido con las pruebas se beneficiaron seis cabecillas de una red de narcotraficantes hispano-turcos cuyas condenas debían ser revisadas. Estaban condenados a penas importantes desde el año 2004, cuando se cerró el litigio. Sin embargo, la sentencia no ha podido sostenerse dos años después sin las cintas. Por otro lado, la Justicia española ha dado un vuelco importante en los últimos días: la Audiencia Nacional se ha declarado competente para investigar los casos de violación de los Derechos Humanos en Guatemala. El órgano judicial asiente con esto a la petición cursada por la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú. En 2000, este mismo recurso fue rechazado. Se consideraba que, al no haber víctimas españolas implicadas, no era de la competencia de nuestra justicia tratar el asunto. Después de dos recursos a instancias superiores, finalmente el Tribunal Constitucional ha dictaminado que la Ley Orgánica del Poder Judicial "instaura un principio de jurisdicción universal absoluto" con la restricción de que los hechos denunciados puedan ser juzgados en el país en el que se cometieron o por un Tribunal Internacional. Por este motivo, la Sala de lo Penal se declara competente basándose en dos principios: la inactividad de la justicia guatemalteca sobre la violación de los Derechos Humanos y la inexistencia de un Tribunal Internacional que se encargue del caso.