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CATALUÑA

Rajoy trata de apaciguar la crispación del Estatut

Por Mía MartínezTiempo de lectura3 min
España15-02-2006

Las voces contrarias a la aprobación del Estatut siguen escuchándose en cada rincón del país. El principal defensor de esa corriente, el líder PP, Mariano Rajoy, ha sufrido dos duros reveses durante esta semana: la crítica de los empresarios catalanes y el rechazo de su propuesta de tramitación constitucional de la reforma catalana.

Aunque seguido por el movimiento sistemático contrario al proceso estatutario catalán, Mariano Rajoy quiso rebajar el tono de tensión que ha provocado la reforma estatutaria de Cataluña. Ante la flor y nata del empresariado catalán, el presidente de los populares reconoció su parte de responsabilidad en el clima de crispación. Rajoy prometió “cuidar las formas” en sus mensajes relacionados con Cataluña, aunque subrayó que su partido tiene “una responsabilidad ante la gente” y está obligado a oponerse al nuevo Estatuto por su “intervencionismo”. Lo cierto es que durante el transcurso de la semana los enfrentamientos políticos entre el presidente del Gobierno y el responsable de la oposición han alcanzado un clima insostenible. Rajoy quiso, en cierto sentido, tratar de rebajar esa tensión, pero en ningún caso olvidar su papel como oposición aférrima a cualquier decisión que tome el PSOE. Sin embargo, las críticas de los populares no sólo fueron rechazadas por los socialistas ya que a éstos se unieron los primeros espadas del mundo empresarial catalán, que criticaron la postura de los populares. El presidente del Círculo Ecuestre, Manuel Carreras, y diversos socios de esta entidad reprocharon al presidente de los populares el tono de “crispación” introducido por el PP a propósito de la reforma catalana. Carreras descalificó el “intervencionismo” del Estatuto, pero quiso dejar claro que algunos de los aspectos del texto son “perfectamente asumibles” por el PP. “Aunque a su partido le puede reportar votos, ¿podemos vivir los dos años que quedan de legislatura en este estado de constante crispación?”, preguntó el presidente del Círculo Ecuestre al líder de los populares tras emplazar al PP a evitar “excesos” en sus mensajes relacionados con Cataluña. Por su parte, Nicolás de Salas y Francesc Guardans, otros dos socios del Círculo, se refirieron a la recogida de firmas de los populares asegurando que “esa campaña no va a llegar a nada y contribuye a la crispación política”. No obstante otros personajes del panorama nacional se refirieron al proceso del Estatuto de Cataluña de manera negativa. Este fue el caso del recién reelegido presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), José María Cuevas, que recriminó al Gobierno que haya pactado el nuevo Estatuto de Cataluña sin contar con el apoyo del PP porque equivale a excluir del pacto “a media España”. Según Cuevas, las reformas estatutarias que se están negociando deberían contar, "al menos, con el mismo consenso político" que alcanzaron la Constitución de 1978 y los Estatutos aún en vigor. Además, según Cuevas, toda reforma estatutaria debería garantizar la unidad política de España, la unidad de mercado y la cohesión social y territorial, además de respetar la libertad de empresa y evitar los intervencionismos autonómicos. EL CONSEJO DE FISCALES RECHAZA EL RECURSO DEL PP El de los empresarios no ha sido el único revés recibido por el PP en torno a su postura con el Estatut. El Consejo de Fiscales capitaneado por el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, rechazó por quince votos contra cuatro el recurso presentado por el partido de Rajoy. Casi todos los miembros del consejo consideraron justificada la petición de la oposición con fines políticos, pero concluyeron que no se sotenía jurídicamente. El texto del PP proponía que la reforma del Estatut se tramitara como una reforma constitucional -que requeriría mayoría de dos tercios de las Cortes, disolución de las mismas y, de nuevo, aprobación por dos tercios y referéndum nacional-. Uno de los miembros que se opuso al rechazo, el fiscal del Constitucional Juan Cesáreo Ortiz Úrculo, fue nombrado fiscal general del Estado en 1996, con la llegada de José María Aznar al poder.