PAÍS VASCO

El paso en falso del Gobierno

Por Antonio Pérez2 min

España21-01-2006

Es difícil estar en misa y repicando… Y, en esta ocasión, los planes no salieron según lo previsto. El Gobierno quiso guardarse las espaldas por si Batasuna celebraba en su propio nombre el congreso en Barakaldo y, al final, la Justicia sentenció de nuevo la suspensión de actividades para la formación de Otegi.

Que Batasuna es un partido ilegal es un hecho desde que el Tribunal Supremo (TS) falló en ese sentido en el año 2002. Entre otras consecuencias, esa sentencia ilegalizaba a Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna. Las tres formaciones dejaban de estar inscritas en el registro de partidos políticos y perdían su derecho a concurrir en unas elecciones. Además, la sentencia establecía que tenían que “cesar de inmediato en todas las actividades que realicen” una vez hecha pública la resolución. Sin embargo, ese requerimiento ya llevaba tiempo llevándose a cabo. Las investigaciones del juez Baltasar Garzón habían supuesto la antesala de esa decisión del Tribunal Supremo. El magistrado había dispuesto acordar en un auto de agosto de 2002 -previo a la sentencia del TS-, la clausura de las sedes de las formaciones, así como suspender “todas las actividades orgánicas, públicas, privadas e institucionales” de las formaciones investigadas y de cualquier otro nombre que pudieran utilizar. Estas decisiones tenían una validez de tres años prorrogables a cinco, que es precisamente lo que ha determinado el juez Grande-Marlaska, que tomó el testigo de Garzón en la Audiencia Nacional. Asimismo, el juez Garzón especificaba que la sentencia no afectaba a las actividades de las personas que pudieran formar parte de los partidos, pero sí subrayaba que no estaban permitidas las acciones que se pudieran desarrollar como grupo ni el uso de lugares públicos. Del mismo modo, ahogaba financieramente a Batasuna y sus sucedáneos, limitaba su personalidad jurídica y prohibía expresamente la publicidad y la comunicación del partido como tal. Cambio de rumbo El auto inicial finalizó el pasado mes de agosto y, por lo tanto, dejó de tener validez jurídica. Por este motivo, se desató la polémica: Batasuna seguía siendo ilegal (no podía presentarse a las elecciones), pero las medidas adoptadas por Garzón no tenían efecto. Antes de que la Justicia se pronunciara, el presidente Zapatero hizo hincapié en el “derecho de reunión”, subrayando la libertad individual de cada individuo para congregarse y subordinando a esto la Ley de Partidos. Sin embargo, en un principio, el congreso había sido convocado por Batasuna, no por personas a título individual. Cuando Grande-Marlaska prolongó el auto de Garzón e impidió que la celebración estuviese patrocinada por la formación de Otegi, el Gobierno cambió el rumbo y optó por celebrar la decisión de la Audiencia Nacional. Rodríguez Zapatero emplazó al partido ilegalizado a “respetar la ley” mientras José Blanco, secretario de Organización del PSOE, señaló la decisión como una “gran noticia” que demostraba que “el Estado de Derecho funciona”. Blanco también señaló que la decisión era una muestra de la independencia del poder judicial: “La ley la aplican los jueces y no los partidos”, afirmó.