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ESTATUTO CATALÁN

Aparcado el término nación la financiación es de nuevo el principal escollo

Por Laura FerreraTiempo de lectura3 min
España13-01-2006

Aunque ya se empiezan a ver posiciones intermedias entre las propuestas de unos y otros, aún no hay un pacto definitivo en cuanto a la financiación en la recta final del Estatuto de Cataluña.

La propuesta sobre este punto determina que la Generalitat recaudará y gestionará los impuestos propios y del Estado que se pagan en la región. También realizará una aportación a la hacienda estatal, que incluirá el pago de los gastos realizados por el Estado y una cuota de solidaridad con las restantes comunidades, dependiente del esfuerzo fiscal de Cataluña. En el texto, además, se incluye la creación de una Agencia Tributaria de Cataluña pero sobre este último punto todavía no se ha alcanzado un acuerdo. En la reunión celebrada en Madrid entre Convergencia i Unió (CiU) y el Gobierno, no se llegó a ningún acuerdo sobre la creación de esa institución. Sin embargo, sí se lograron avances en cuanto a la bilateralidad y la capacidad normativa. En este sentido, el tripartito y CiU siguen apostando por una agencia para Cataluña que el Ejecutivo rechaza aceptar. En cuanto al resto de los asuntos que hacen referencia a la financiación, se van acercando posiciones. De hecho, empieza a haber un atisbo de acuerdo mientras se buscan soluciones intermedias entre la propuesta del ministro de Economía, Pedro Solbes y el conseller de Economia, Antoni Castells. Este último, tras mantener una reunión con Solbes, consideró que la propuesta del ministro no es inamovible. Por eso Castells ha elaborado una nueva oferta que plantea soluciones intermedias en la “jerarquía normativa” entre lo determinado en el Estatuto y la Ley de Financiación de las Comunidades (LOFCA), “la bilateralidad y el papel de la comisión mixta, la atribución de los rendimientos de los impuestos cedidos, la capacidad normativa sobre estos impuestos, la agencia tributaria, la inversión en infraestructuras del Estado, la aproximación a los resultados de las comunidades forales y los mecanismos de solidaridad". Por lo tanto, si se llega a un acuerdo, sería un término medio entre lo planteado por Solbes y la propuesta del tripartito y CiU. PACTO POR LAS COMPETENCIAS COMPARTIDAS Otro punto candente del texto del Estatuto de Cataluña son las competencias. En los últimos días se han desbloqueado las negociaciones en este tema y en una reunión conjunta del PSOE con las formaciones que aprobaron el Estatuto se ha llegado a un acuerdo sobre la definición de las competencias, especialmente de las compartidas. La propuesta estatutaria establecía la atribución exclusiva a Cataluña de las aguas, obras hidráulicas y cajas de ahorro. Además, también se encargaría de comercio, notarias, registros, puertos y aeropuertos, pudiendo regular la inmigración y sin olvidar tampoco la plena competencia judicial. Tras la reunión, se estableció que el Estado puede fijar unas bases que sólo tendrán efectos como principios generales, ya que Cataluña habrá de desarrollar su regulación en una ley propia específica, aunque con excepciones. Por otra parte, el término “nación” sigue siendo uno de los contenidos más polémicos del texto y, debido a las dificultades para lograr puntos en común entre el Gobierno y los partidos que apoyan el Estatuto, han decidido dejarlo para el final. Mientras tanto, los partidos catalanes insisten que el término se incluya en el artículo 1 y no en la solución que promovía el Gobierno: trasladarlo al preámbulo y eliminarlo del articulado. En cuanto a las posiciones internas de los socialistas, las discrepancias –al menos públicamente- se han suavizado. En una reunión privada que Zapatero mantuvo con los presidentes de las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, los restantes secretarios regionales del partido y con otros miembros de esta formación y del Gobierno, se hizo hincapié en la necesidad de unificar el mensaje que querían transmitir a la población. Es más, todos se mostraron optimistas ante un posible acuerdo, incluso las voces más críticas dentro del partido como Manuel Chaves o Juan Carlos Rodríguez Ibarra.