PAÍS VASCO

La Justicia recuerda que Batasuna no puede convocar un acto público

Por Antonio Pérez4 min

España14-01-2006

La formación liderada por Arnaldo Otegi tiene la intención de dar a conocer a los integrantes de su Mesa Nacional y, sobre todo, de mostrar a la sociedad que aún tienen fuerza. Mientras tanto, Rodríguez Zapatero aboga por discernir entre la Ley de Partidos y el derecho de reunión.

El debate está servido. La cuenta atrás ha comenzado y no hay descanso en la carrera a contrarreloj para determinar qué debe ocurrir el próximo día 21. Para entonces, Batasuna -partido ilegalizado por simpatizar con el terrorismo vasco- espera reunir a miles de simpatizantes que respalden su primer congreso en cuatro años. Para ello, han convocado un acto que tendrá lugar en el Bilbao Exhibition Center (BEC) de Baracaldo (Vizcaya). Tras hacerse públicas las intenciones del partido de Otegi, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha recordado en la misma línea de Rodríguez Zapatero que la ilegalización del partido no afecta a los derechos individuales de reunión y manifestación de sus exmilitantes. “Lo que no pueden es hacer actos orgánicos del partido, porque están prohibidos”, añadió. Por eso, si se considera que se trata de un acto “orgánico” del partido, pedirá al juez de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, que lo impida. Precisamente este magistrado tendrá que determinar si ejecuta una nueva suspensión de actividades políticas de Batasuna para impedir el acto del día 21. Para ello tiene las conclusiones de la Guardia Civil, que clarifican que “Batasuna va a celebrar un congreso el próximo día 21” y que el evento “ha sido publicitado exhaustivamente y anunciado en múltiples ocasiones por Batasuna y sus dirigentes”. De hecho, la Asociación de Víctimas contra el Terrorismo ha pedido a la Fiscalía de la Adudiencia Nacional que haga lo posible para que no se celebre en congreso en Baracaldo. El fiscal jefe de este órgano judicial, Eduardo Fungairiño, declaró que el acto “no debe celebrarse” porque “no es legal”, pero admite que depende de la decisión de Conde Pumpido. En ese sentido se expresó también el presidente del Tribunal Supremo, Francisco José Hernando, al opinar que Batasuna no puede convocar asambleas porque está "extinguida judicialmente". También declaró, en referencia al Estatut, que si ejerciera su cargo en Cataluña "aprendería catalán, pero como un eriquecimiento personal, como me gustaría cuando voy a Andalucía saber bailar sevillanas". LAS CONSECUENCIAS DE LA ILEGALIZACIÓN Si ya es polémico el hecho de que el evento pretenda celebrarse en un lugar de titularidad pública y cuente con la permisión del consejero de Interior vasco, Javier Balza, no menos relevantes son los objetivos de la formación de Otegi: demostrar su fuerza a pesar de la ilegalización, refundar la asociación para tratar de recuperar el espacio perdido y ser el referente de la izquierda abertzale, impulsar la propuesta que enunciaron sus dirigentes en noviembre de 2004 en Anoeta –la creación de dos mesas paralelas: una entre partidos y otra entre el Gobierno español y ETA para ejecutar un eventual proceso de paz- y, sobre todo, posicionarse para poder concurrir a las próximas elecciones como una fuerza política viable. Uno de los dirigentes de Batasuna, Pernando Barrena, anunció públicamente la convocatoria al acto donde se presentarán en sociedad los representantes de la Mesa Nacional del partido –elegidos mediante un proceso denominado “Bide Eginez” (Haciendo camino) formado por más de 260 asambleas-. Además, dará a conocer la “oferta política renovada” de la formación ilegalizada. El portavoz batasuno invitó a sus seguidores a acudir al BEC para “demostrar a los nuevos y viejos franquistas que no podrán de ninguna de las maneras acabar con este país, ni con Batasuna ni con este proyecto político”. Si, finalmente, la Justicia impidiera el evento, Barrena ya ha declarado que no esto supondrá una marcha atrás en la nueva estrategia del entorno abertzale: “El compromiso de Batasuna con un escenario de paz va mucho más allá del acto”, aseguró. El partido político de Barrena fue ilegalizado tras la aplicación de la Ley de Partidos, un texto consensuado entre el PP y la entonces oposición. Con ella, el Tribunal Supremo determinó la ilegalización de la formación abertzale y el cese de sus actividades al considerar que las formaciones ilegalizadas –Batasuna, Euskal Herritarrok y HB- eran “el complemento político de ETA” y vulneraban la nueva Ley de partidos. Los magistrados manifestaron que Batasuna formaba parte de la estrategia común de la banda terrorista y remarcaron las “frecuentes llamadas a la violencia”, la sistemática negativa de sus miembros a condenar los atentados o el enaltecimiento de determinados etarras del partido de Otegi.