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ASUNTOS SOCIALES

La Ley de Dependencia asegurará la prestación de un nuevo servicio

Por Alejandra Linares-RivasTiempo de lectura2 min
Sociedad23-12-2005

La Seguridad Social no da abasto. Si están cansados de las eternas esperas y la insuficiente atención, los enfermos crónicos ya tienen el horizonte abierto: la Ley de Autonomía Personal. En 2007 empezarán a verse sus frutos en unos pocos, pero para que todos puedan disfrutar de su amparo deberán esperar hasta 2015.

Su nombre completo es Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas Dependientes, pero todos la conocen como la Ley de Dependencia. Constituirá el cuarto pilar del Estado del Bienestar, junto con los sistemas educativo, sanitario y de pensiones. El objetivo de su creación es la atención a quienes no pueden valerse por sí solos por motivos de edad, discapacidad o enfermedad. El anteproyecto de Ley ha sido aprobado por el Consejo de Ministros tras haber valorado un informe del ministro de Trabajo, Jesús Caldera. Ahora, el documento deberá pasar por dos órganos consultivos del Gobierno, el Consejo de Estado y el Consejo Económico y Social (CES). A continuación volverá a la mesa del Gabinete para ser aprobado como proyecto, y se remitirá al Parlamento en primavera. Una vez promulgada la Ley, la puesta en marcha será progresiva; tardará ocho años en completarse. Empezará a funcionar en 2007 y, por tanto, no cubrirá todos los servicios correpondientes hasta 2015. Al principio sólo podrán acceder a él 1,3 millones de dependientes españoles, según el baremo establecido por la Ley. Se les clasificará en tres grados: moderada, severa y gran dependencia. Estos últimos son aquellos con pérdida total de autonomía mental o física, que necesitan a un cuidador a tiempo completo. Y serán ellos los primeros en recibir las ayudas gubernamentales. El coste global del Sistema Nacional de Atención a la Dependencia será de 9.000 millones de euros anuales, un 1 por ciento del PIB, cuando esté a pleno rendimiento. Su financiación será acordada con las comunidades autónomas. Incluirá, asimismo, tres tipos de prestaciones: mediante centros y programas públicos o concertados, a través de una prestación económica vinculada a la contratación del servicio, o por medio de una compensación económica por cuidados en el ámbito familiar. Así, no todo correrá a cuenta de los contribuyentes, sino que parte del capital lo proporcinarán los beneficiarios de los servicios en función de sus facilidades económicas.