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INMIGRACIÓN

Alonso afirma que la regularización española “no afectará a ningún país europeo”

Por Alberto Pequeño SalgueiroTiempo de lectura1 min
España11-05-2005

La reunión mantenida por los países del G-5, España, Italia Alemania, Inglaterra y Francia, en la capital gala, fue un punto de inflexión entre los que creen que la regularización masiva de inmigrantes puede ser una solución o no.

El ministro del Interior español, José Antonio Alonso, certificó que esta medida planteada “no afectará a ningún país europeo”. Además reconoció que, aunque este proceso valga para España, no tiene por que ser válido para otros Estados europeos. El G-5 ha puesto el problema de la inmigración sobre la mesa, aunque unos se han sentado a un lado y los otros en el opuesto. Así ha quedado reflejado en la reunión mantenida en París el pasado 11 de mayo. La regularización de casi 700.000 inmigrantes en España provocó el rechazo del ministro francés, Dominique de Villepin, quien se negó tajantemente a adoptar esta posibilidad, a pesar de que el número de extranjeros en situación irregular en su territorio oscila entre los 200.000 y los 400.000. El ministro del Interior español, José Antonio Alonso, quiso trasladar la calma a sus homólogos europeos, y aseguró que el proceso de regularización que ha vivido España “no afectará a ningún país europeo”, ya que se trata de un “proceso racional”, en el que se ven beneficiados tanto los inmigrantes, como los empresarios, los sindicatos, la administración, así como la sociedad española y la europea. En este sentido, Alonso añadió que “no afectará a ningún mercado de trabajo de otros países”, y admitió que aunque este proceso es válido para España no tiene que serlo para el resto de los países miembros de la Unión Europea. Otros de los temas relevantes discutidos entre los representantes de los cinco países fue la creación de “una fuerza de policía europea de intervención en las fronteras”, con el fin de controlar la propias fronteras internas dentro de Europa. Sin embargo, el propio Villepin advirtió de que esta iniciativa “no tendría vocación de sustituir a la responsabilidad” de cada uno de los estados europeos fronterizos.