CASO PROBURSA

Garzón cierra el proceso contra Emilio Ybarra

Por Nieves Abancéns2 min

Economía26-02-2005

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha anunciado el cierre y archivo de la causa sobre la adquisición por parte del BBV del Grupo Financiero Probursa (GFP). Emilio Ybarra, ex presidente de la institución, fue acusado de los presuntos delitos que se cometieron en la compra del banco mexicano, cuyo principal accionista fue José Madariaga Lomelín.

De los tres ex funcionarios implicados en él, Estanislao Rodríguez Ponga es el más conocido porque, después de trabajar para el banco, fue nombrado secretario de Hacienda del gobierno de José María Aznar. El fiscal anticorrupción David Martínez Madero comenzó la investigación gracias a un auditor que denunció que en la compra de Probursa el Tesoro español había sido defraudado con 3.500 millones de pesetas, que equivaldrían a 21 millones de euros actuales. Garzón cree que la transmisión de acciones llevada a cabo el 4 de julio de 1995 obedecía a un “segundo nivel” de responsabilidad en la organización de la entidad, “dada su relativa trascendencia económica”. Por ello, en ese segundo escalón de responsabilidad sitúa a Rodolfo Molinuevo. Molinuevo fue el autor de una carta remitida al subjefe de Inspección del Banco de España, en la que se indicaba el precio del paquete de 182.559.050 acciones. Ese precio no reflejaba “el valor real” de dichas acciones, lo que “llevó a contabilizar en BBV una pérdida con efectos fiscales consistentes en la disminución indebida de la base imponible correspondiente al Impuesto de Sociedades durante los años 1995 a 1998 y el no ingreso en dichos ejercicios de la cuota correspondiente”. Además Garzón señala que ni Uriarte ni Molinuevo eran expertos en tributos, “si bien pudieron estar de acuerdo y autorizaron, en sus respectivos grados de responsabilidad empresarial, la realización de una transmisión de acciones complementaria a la operación de toma de control de Probursa que carecía de coste significativo y que estaba directamente encaminada a la obtención de un importante beneficio fiscal para el banco”. Al no poseer ambos los “conocimientos precisos”, fue la asesoría fiscal de la entidad y Estanislao Rodríguez-Ponga quien “analizó la concreta operación que se le presentó, planteando después la correspondiente solución fiscal que supuso la obtención de un beneficio para la entidad y un correlativo perjuicio para la Hacienda Pública”. Garzón añadió en el auto que “dicha solución fiscal fue respuesta no a una eventual hipótesis de trabajo, como afirma aquél, sino a una situación concreta, con datos ciertos, proporcionados en el seno de la organización empresarial en la que dicho imputado prestó servicios como asesor fiscal específicamente versado en operaciones como la que ha constituido el objeto de estas actuaciones”. Así, el juez termina con la imputación que pesaba sobre Ybarra en el caso BBV y dirige el procedimiento contra Uriarte, Molinuevo y Rodríguez Ponga. El Ministerio Fiscal y el Abogado del Estado tienen 45 días de plazo para solicitar la apertura de juicio oral o, en su caso, el sobreseimiento de la causa.