RADIO
Existen 2.300 emisoras ilegales en España
Por Elena Villegas1 min
Comunicación25-10-2004
Las emisoras ilegales son el doble que las autorizadas por la Administración en España. Este es uno de los datos aportados por la Asociación Española de Radio Comercial (AERC) en un informe remitido al Ministerio de Industria el día 20.
La Asociación Española de Radio Comercial envió al Ministerio de Industria, el pasado día 20, un informe en el que indica que hay, en España, 2.279 emisoras ilegales, cifra que equivale al doble de las emisoras privadas autorizadas. El informe de la AERC señala, además, la existencia de 124 cadenas legales que “incurren en algún tipo de irregularidad” y otras 504 municipales que “incumplen la ley” por motivos como el de estar “conectadas a emisoras o cadenas comerciales privadas”.Este es el caso de Radio Marca, de Radio Intereconomía y de Somos Radio y a las tres hace referencia el estudio de la AERC. Por alusiones, el Grupo Intereconomía ha respondido mediante un comunicado en el que explica que la Cadena Ser se encuentra en la misma situación. Intereconomía relaciona la exclusión, en el informe de la AERC, de la Ser con el hecho de que el presidente de la Asociación Española de Radio Comercial, Daniel Gavela, sea también el director de la principal emisora del Grupo Prisa, a la que describe como “líder en ilegalidades”, dado que –según el comunicado- cuenta con 93 emisoras ilegales (incluyendo, además de la Ser, M-80, 40 Principales, Cadena Dial, Radiol., Máxima FM y Sinfo Radio). Por su parte, el secretario de la AERC, Alfonso Ruiz de Assín, ha señalado que, para acabar con las radios piratas, es preciso “una acción compartida de las Comunidades Autónomas, competentes en la materia, y de la Administración central”. El consejero de la Generalitat valenciana, Esteban González Pons, ya ha anunciado la apertura de expedientes sancionadores a las cadenas ilegales, que constituyen el 71 por ciento de las que operan en la región. En contra de dichos expedientes, el Grupo Intereconomía considera que “los cierres drásticos de esas emisiones” serían “anticonstitucionales”.