TRIBUNALES
‘Lasa y Zabala’: un caso de “perversión de medios”
Por La Semana
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España27-07-2001
Cuatro años más de cárcel para cada acusado por la muerte de Lasa y Zabala de los que había determinado la Audiencia Nacional. Y, si los condenados son insolventes, será el Estado el que deba pagar 50 millones de pesetas a las familias de las víctimas. Es la sentencia del Tribunal Constitucional respecto al caso Lasa y Zabala
En el caso Lasa Zabala se juzgaban el secuestro y asesinato de los presuntos etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala en 1983. Cinco eran los condenados por la Audiencia Nacional: el general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo; Julen Elgorriaga, que era gobernador civil de Guipúzcoa cuando ocurrieron los hechos juzgados; el capitán Ángel Vaquero y los guardias civiles Enrique Dorado Villalobos y Felipe Bayo Leal. Cuatro años más de cárcel les ha impuesto el Tribunal Constitucional de los que había establecido en su momento la Audiencia Nacional: 75 para los dos primeros, 73 para el segundo, y 71 para los dos últimos. El magistrado Ruiz Giménez redactó la sentencia del Tribunal Supremo al respecto del caso Lasa y Zabala. Ha considerado que es “un caso de perversión de los medios en atención a los fines”, y que el terrorismo puede combatirse y debe combatirse pero debe hacerse “desde el respeto a los valores que definen el Estado de Derecho y, por tanto, sin violar lo que se afirma defender”. El Tribunal Supremo confirmo, pues, la sentencia del entonces juez de la Audiencia Nacional, Javier Gómez de Liaño. Éste comenzó a instruir el caso diez años después de que se cometieran el secuestro y asesinato de Lasa y Zabala, una vez que fueron encontrados en Bassot (Alicante) los cuerpos de ambos –en 1985- y se confirmara su identidad en 1995. Todos los acusados eran miembros de la Guardia Civil. Esto implica, según la sentencia del Tribunal Supremo, que pierden su condición de tales. Rodríguez Galindo, que cumple condena en la prisión de Alcalá-Meco, debería pasar a una prisión de ámbito civil. El Estado debe asumir subsidiariamente la responsabilidad económica –el pago de 50 millones de pesetas a las familias de ambas víctimas- puesto que, como confirma la sentencia, los ahora culpables estaban “algunos investidos de autoridad” pero, además, eran “todos funcionarios públicos”. Los cinco acusados sobrepasaron ilegalmente sus facultades y pusieron los medios de que disponían al servicio de “sus designios criminales”.