SIN CONCESIONES
Un faro para Cataluña
Por Pablo A. Iglesias
4 min
Opinión03-10-2017
Una ciudad sin semáforos sería el caos
Un cruce de calles sin normas de tráfico sería la ley de la selva
Un código de circulación sin sanciones sería una inútil declaración de intenciones
Un incumplimiento sin agentes que tramiten multas sería papel mojado
Hay cosas tan evidentes en la vida que las damos por sabidas pero, sin recordarlas o sin la suficiente pedagogía, corren serio riesgo de caer en el olvido hasta morir. Por ejemplo, que la ley hay que cumplirla y quien no la cumple paga las consecuencias. Que una democracia se basa en la ley aprobada por los representantes del pueblo que previamente son elegidos de forma democrática. Que el Estado de Derecho moderno exige una necesaria e imprescindible separación de poderes para que unos se sometan o se controlen a los otros con el fin de evitar autoritarismos. Que la democracia consiste en algo más que votar, pues requiere respeto al adversario y concordia como paso previo para el entendimiento. Que el Legislativo regula todos los poderes pero el Ejecutivo toma decisiones sobre ellos y el Judicial vigila a los demás -incluso a sí mismo- para que ninguno se exceda.
La ley ha saltado por los aires en Cataluña por la obsesión de romper con España
Todo esto, tan de sentido común, ha saltado por los aires en Cataluña porque sus gobernantes se creen dioses omnipotentes en su enfermiza obsesión por romper con el resto de España. La Generalitat impone la independencia a 7,5 millones de catalanes con el voto de apenas un tercio de ellos. El Parlamento incumple sus propias normas con tal de convocar un referéndum que saben ilegal. Organizan manifestaciones coercitivas contra los jueces ante el Tribunal Superior de Justicia. Desoyen las sentencias y resoluciones del Tribunal Constitucional cuando no les gustan. Acusan al Estado de robar a Cataluña mientras reciben 70.000 millones de euros para pagar los gastos corrientes de la comunidad. Promueven manifestaciones contra Policía Nacional y Guardia Civil. Obligan a los Mossos a incumplir la orden de una jueza de Barcelona contra el uso fraudulento de urnas. Incluso celebran un referéndum sin censo, sin agentes electorales, incluso con votos repetidos.
Pero lo peor de todo no es que Puigdemont y sus secuaces promuevan esta sarta de barbaridades y engaños. Lo realmente sorprendente y alarmante es que cerca de dos millones de personas lo asuman ciegamente hasta el punto de enfrentarse a la Policía Nacional y la Guardia Civil. Parece que hemos mitificado en exceso el derecho al voto hasta encumbrarlo como valor supremo de una democracia cuando no lo es. Votar no sirve de nada y constituye un engaño (como en naciones bolivarianas) cuando fallan otros principios básicos de una democracia moderna. La primacía reside en el Estado de Derecho, en la separación de poderes, en la igualdad entre ciudadanos y en el respeto a quien piensa distinto. Todo esto ya no existe en Cataluña porque Puigdemont se lo ha cargado de un plumazo para imponer el totalitarismo de la independencia porque sí.
El jefe del Estado ha recordado la escala de valores que posee la democracia española
En medio del caos y de la ley de la selva que independentistas y populistas pretenden contagiar al resto de España, la aparición nocturna y extraordinaria del rey Felipe VI supone un faro de luz en medio de la oscuridad. Es el jefe del Estado y, como tal, ha recordado la escala de valores que posee la democracia española, que tanto costó construir y por la que tanta sangre se derramó décadas atrás. La Constitución por encima de todo, pues fue el marco de convivencia que se dieron y nos dieron nuestros padres y abuelos. Inmutable no, pero acatable siempre y modificable mediante los cauces legales que ella misma establece. El Estado de Derecho, definido minuciosamente en el texto de 1978, como garante de la convivencia ordenada entre españoles. Y la ley como línea roja que ningún gobernante puede traspasar. Puigdemont, en cambio, la ha incumplido y quebrado "de forma consciente, deliberada y sistemática" en una "deslealtad inadmisible" que merece el mayor de los castigos. En su caso, 15 años de cárcel por sedición.
Los independentistas que quieren irse de España, evidentemente, no reconocen al Rey y los republicanos que quieren acabar con la monarquía invalidan siempre sus palabras por no haber sido elegido en las urnas. Pero Felipe VI no habla como rey sino como jefe del Estado. En este clima político casi guerracivilista, una vez más vuelve a ser de agradecer que la máxima autoridad del país no pertenezca a un partido político y no varíe de criterio según la ideología o la conveniencia del momento. El jefe del Estado en España defendió esto mismo el 23 de febrero de 1981 cuando unos militares promovieron un golpe de Estado siendo rey Juan Carlos I. Treinta y seis años después, con otro rey, los principios permanecen firmes ante otro golpe al Estado. Como entonces, ahora tampoco es posible el diálogo con quienes "han pretendido quebrar la unidad de España y la soberanía nacional".
Gracias al Rey, hoy tenemos más presente que...
Un país sin Constitución sería el caos
Una democracia sin leyes constitucionales sería como la selva
Una democracia abandonada a la arbitrariedad sería una dictadura
Un Estado de Derecho sin jueces y agentes que lo protejan tendría los días contados
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Pablo A. Iglesias
Fundador de LaSemana.es
Doctor en Periodismo
Director de Información y Contenidos en Servimedia
Profesor de Redacción Periodística de la UFV
Colaborador de Cadena Cope en La Tarde con Ángel Expósito