ANÁLISIS DE ESPAÑA
Un Estado ante el abismo
Por Alejandro Requeijo
4 min
España02-10-2017
"Si votamos, ganamos. Y si el Estado lo impide por la fuerza, también lo hemos ganado". Así se expresaba hace no mucho tiempo Jordi Sánchez, presidente de ANC, una de las plataformas más activas en favor de la independencia en Cataluña. Ahora se rasgará las vestiduras por la violencia policial, él que la incluía como ingrediente clave de su plan de victoria. Algo parecido dijo también el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras: "Cuando nos digan que esto es ilegal, tenemos que mantener la convocatoria. Porque si mostramos al mundo una imagen de colas de gente votando con una papeleta en la mano y el Gobierno español intentando impedirlo, ya habremos ganado". Por su parte, Rajoy aseguró que no habría referéndum en Cataluña. Si atendemos a ambos puntos de partida, se puede decir que el resultado del 1-O da argumentos a todos para consolarse. Como no podía ser de otra manera, la consulta independentista careció de todo tipo de rigor y control. Nada que inquiete a los independentistas, pues han celebrado este referéndum tras aprobar una Ley en el Parlament que tampoco contó con las mínimas garantías democráticas. Pero lo cierto es que hubo urnas, hubo colas con gente y hubo policías y guardias civiles intentando impedirlo. Intentando. Exactamente el escenario que los independentistas deseaban.
Se puede decir que el Estado no ha sido capaz de evitar de manera inequívoca el 1-O a pesar de las promesas de Rajoy. El presidente optó por inhibirse en favor de los jueces a la hora de hacer frente al enésimo desafío independentista. Igual que en su tiempo exploró otros atajos mal aconsejado por su anterior ministro del Interior. Fue un Juzgado de Barcelona el que inició las pesquisas hace meses, la Fiscalía la que dictó las instrucciones necesarias para proceder a incautarse del material electoral. Con poco tiempo se hicieron avances. En última instancia, el TSJC asumió la investigación y ordenó el cierre de los colegios. Lo único que dependía del Gobierno era dotar a los jueces de las herramientas necesarias. Para ello desplegó miles de policías y guardias civiles en la operación Piolín. La mayor parte del tiempo estuvieron inactivos en el puerto de Barcelona porque el Ejecutivo decidió cederle la iniciativa a los Mossos d’Esquadra. Eso a pesar de que la Fiscalía le otorgó plenos poderes a un coronel de la Guardia Civil una semana antes de la consulta. Podría haber apartado a los Mossos, pero el Gobierno pecó de ingenuo al confiar en la Policía catalana, que ni quería ni podía frenar la consulta. Es un Cuerpo con apenas 17.000 efectivos, que además ya había avisado de que no iba a usar la fuerza para desalojar los centros de votación. Una de las diferencias entre un policía y una azafata de congresos es que el primero puede usar la porra cuando no le obedecen. Puede por Ley.
Rajoy necesitó esperar al día D para comprobar que los Mossos no iban a cumplir el mandato judicial. Para entonces ya era tarde. Cuando la Policía y la Guardia Civil llegaron a los colegios, ya estaban hasta arriba de gente. Fue una mañana de cargas policiales, pero las intervenciones apenas duraron unas horas al inicio de la jornada. Por la mañana y por la tarde la gente pudo seguir votando con normalidad en numerosos centros. A pesar de ello, la cifra de víctimas crecía por decenas cada hora. Incluso a las diez de la noche seguía aumentando, más de 800. Cuanto menos extraño. El despliegue sirvió en bandeja al independentismo el papel de víctima al que siempre ha sabido sacar rédito en el exterior. No es que un Gobierno tenga tomar decisiones pensando en los periodistas extranjeros. Son los mismos que usaban la expresión "banda separatista" para referirse a los terroristas de ETA. Casi siempre han demostrado un nulo conocimiento de los problemas de España. El desgaste de imagen ni siquiera se puede justificar en que sirvió para poner fin al referéndum. Rajoy tenía la obligación de hacer valer su palabra especialmente una vez verbalizada en público porque una democracia no puede demostrar debilidad ante quienes quieren destruirla. Es el primer paso para el siguiente desafío. Apenas un rato tardó Puigdemont en insinuar la declaración de independencia. Si un Estado no es capaz de hacer valer la ley en su propio territorio, entonces es un Estado fallido.
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Alejandro Requeijo
Licenciado en Periodismo
Escribo en LaSemana.es desde 2003
Redactor de El Español
Especialista en Seguridad y Terrorismo
He trabajado en Europa Press, EFE y Somos Radio