REFORMA DE DESEMPLEO
El Gobierno aprueba el decreto que provocó la convocatoria de huelga general
Por Julia Almagro Padilla
2 min
Economía13-06-2002
Era jueves 13 y el PP se quedó solo. La aprobación del decretazo, haciendo uso de su mayoría absoluta, convierte al Ejecutivo, según la mirada de la oposición, en el responsable indirecto de la huelga del 20 de junio.
El Gobierno estaba convencido de las bondades del decreto que proponía para reformar el paro. Esta seguridad le llevó a aprobarlo en solitario, sin el apoyo de CiU ni de Coalición Canaria, sus habituales aliados, que prefirieron abstenerse. Fueron 169 votos a favor del decretazo, todos provenientes de diputados del PP. El rechazo por parte de las otras fuerzas políticas resultaba evidente: 129 votos en contra y 16 abstenciones. Aún así, el Gobierno continúa insistiendo en su tendencia al diálogo. Este debate que propugna el Ejecutivo se podrá llevar a cabo en las discusiones sobre la nueva medida, que tendrán lugar en el Congreso y en el Senado. Las críticas al nuevo decreto fueron continuas en el Congreso de los Diputados. Hasta CiU y Coalición Canaria dejaron ver los aspectos que no les habían satisfecho. Ambos partidos justificaron su abstención, en lugar de su oposición, aludiendo a dos razones: que tampoco están a favor de la huelga y que el Gobierno nunca se ha cerrado al diálogo. Los partidos de la izquierda fueron mucho más contundentes al expresar la opinión que les merece la actuación gubernamental. José Luis Rodríguez Zapatero, líder del Partido Socialista, prometió que cuando llegara al poder, daría marcha atrás a todas las reformas impuestas por el PP, refiriéndose al modelo autoritario y regresivo que, en su opinión, está instalando el presidente del Gobierno. Zapatero especificó que derogaría el decretazo, puesto que su partido es totalmente contrario. Izquierda Unida y los sindicatos comparten el rechazo hacia la reforma y no escatiman críticas a la aprobación del decreto. Una de estas críticas está basada en que la prestación por desempleo es un derecho, no una limosna y que por ello, los recortes son inadmisibles. El Gobierno sigue refiriéndose a aquellos que se verán beneficiados por la reforma, pero la oposición considera que esto se debe a una estrategia publicitaria y que la huelga es imparable.