Pena de muerte y otras injusticias
Por Elena R. Benito
2 min
Sociedad26-05-2002
A pesar de que los derechos humanos tratan de garantizar procesos justos, las condenas injustas siguen siendo noticia. Dos camioneros españoles, Aurelio Llave y Javier García, han sido condenados a cinco años de cárcel después de que un tribunal de Tánger (Marruecos) considerara probado que transportaban drogas en su vehículo. Aurelio y Javier fueron arrestados el pasado 12 de febrero, acusados de transportar en su camión 570 kilos de hachís camuflados entre la fruta.
No son los primeros ni serán los últimos. Los transportistas protestan por los riesgos que tienen que correr: salir de España con un camión que transporta mercancías ajenas puede acabar entre rejas en un país extraño. La pena de muerte sigue siendo el ataque más evidente a uno de los derechos principales: el derecho a la vida. Más de medio siglo después de que se consagraran los derechos humanos, la pena capital sigue vigente en 122 países. EE.UU. es uno de estos países. Desde que en 1976 se restableció la pena máxima, han sido ejecutados 727 reos. A pesar del carácter ejemplar que sus defensores pretenden dar a la condena, el índice de criminalidad es menor en los 12 estados que no la admiten. EE.UU. es además uno de los pocos países del mundo que aún aplica la pena de muerte a presos que eran menores de edad en el momento de cometer el delito. Este es el caso de Christopher Simmons, que será ejecutado en Missouri el próximo 5 de junio. A sus 25 años, está condenado por el asesinato de Shirley Crook, que supuestamente cometió cuando tenía 17 años. Las voces a favor de la abolición de la pena se levantan en todo el mundo, incluso en el interior del país. James Liebman, profesor de Derecho de la Universidad de Columbia, afirma que el 68 por ciento de las condenas a muerte en los últimos 20 años fueron revocadas por los tribunales superiores. Desde 1973, 99 presos salieron del corredor de la muerte y dejaron a la luz graves irregularidades del sistema judicial norteamericano: fabricación de pruebas, testimonios falsos bajo coacción, racismo en la elección de los jurados... Mas, la pena de muerte y las injusticias salpican a cualquier país, independientemente del grado de desarrollo que posea. Nigeria, por ejemplo, es una muestra de reciente actualidad.