SIN CONCESIONES
Educación para aprender
Por Pablo A. Iglesias
3 min
Opinión18-12-2012
Hablar de educación en España es hablar de suspensos. Fallan los alumnos y, ante todo, falla el sistema. La enseñanza del país suspende desde hace muchos años. La evolución del informe PISA lo deja bien claro. España está muy por debajo de los países desarrollados en todos los índices de medición. En un ránking de 66 naciones, es el 34 en lectura, el 36 en matemáticas y el 37 en ciencias. Aunque la posición es lo de menos. Lo peor es que queda más de diez puntos por debajo de la media de la OCDE en las tres categorías. El mismo estudio dejó patente en 2009 que la educación pública española resulta netamente peor que la privada, a pesar de los miles de millones de euros que el Estado en su conjunto gasta anualmente en la enseñanza de niños y jóvenes. Los expertos lo tienen claro. El problema no es de inversión. El problema es de calidad. El problema es de eficiencia. El principal problema a corto plazo que tiene España es el paro. El segundo, la crisis económica. Esta es la respuesta que los ciudadanos dan desde hace tiempo a las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas. Resulta más que evidente. Pero la verdad es que el país tiene un problema mucho más grave y complejo que resolver a largo plazo: la educación. La economía remontará el vuelo dentro de unos años y el desempleo desaparecerá lentamente. Pero el paupérrimo nivel de la enseñanza permanecerá a buen seguro por los suelos. El Gobierno de Mariano Rajoy es consciente del lastre que supone y parece dispuesto a reformar el sistema para corregir sus numerosas deficiencias. Sin embargo, ni los representantes del sector ni los partidos de la oposición van a consentirlo. Nada más empezar, ya han pedido la cabeza del ministro José Ignacio Wert. En España corre de boca en boca el mantra de que cada presidente que alcanza el poder cambia el modelo educativo. Pero no es cierto. Las únicas reformas que han llegado a aplicarse son, para bien y para mal, del Partido Socialista. El Partido Popular de José María Aznar aprobó su propia ley en el segundo mandato pero nunca llegó a ponerse en marcha porque, cuando el socialista José Luis Rodríguez Zapatero pisó La Moncloa en 2004 derogó de inmediato la medida. La canceló e impuso su propia receta. Ahora el ministro Wert, independiente y sin carnet político, pretende arreglar todo lo que no funciona. Pero una mayoría social se le ha echado encima para frenar en seco sus intenciones. Afirman los detractores que la nueva ley empeorará la educación, lo cual resulta de por sí difícil a la vista de los resultados del informe PISA. Por probabilidad, sólo podría mejorar. El inmovilismo es la mayor amenaza de la educación en España. Es evidente que el sistema requiere un cambio en profundidad. Lo exige el alto nivel de fracaso escolar, el abandono temprano de las aulas, las cifras de repetidores, los bajos niveles en lectura y matemáticas, el desconocimiento de idiomas extranjeros, el analfabetismo en geografía e historia nacional, etc. Sin embargo, el debate público gira en torno a la religión y las lenguas cooficiales. Es el mejor síntoma de que el rechazo a la reforma es puramente ideológico. Lo que no tiene sentido es que la izquierda rechace cualquier modelo que no sea suyo. No tiene sentido que se denoste el borrador de una ley por querer que los niños dominen la lengua de su país. No tiene sentido que los chavales aprendan de memoria los ríos de la comunidad autónoma y apenas estudien los del conjunto de España. No tiene sentido que la educación imponga la mediocridad al talento y que premie la picaresca al esfuerzo. No es cuestión de dinero. Es cuestión de organización, de valores cívicos, de más horas de trabajo, de disciplina y responsabilidad, de respeto al profesor, de pragmatismo y de más cultura general.
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Pablo A. Iglesias
Fundador de LaSemana.es
Doctor en Periodismo
Director de Información y Contenidos en Servimedia
Profesor de Redacción Periodística de la UFV
Colaborador de Cadena Cope en La Tarde con Ángel Expósito