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La nueva ley ¬chantajea¬ a los parados para que acepten cualquier empleo

Por Gema DiegoTiempo de lectura2 min
Economía03-05-2002

El Gobierno se ha propuesto cocinar una reforma de la ley de empleo con las mismas propiedades que las lentejas. Si las quieres, las comes parece querer decir el Ejecutivo en un documento que obliga prácticamente a los desempleados a admitir cualquier oferta de trabajo que reciban. Y si no, las dejas acaba la advertencia gubernamental, que amenaza con retirar la prestación a los parados que rechacen empleos como se desprecian las lentejas.

Los sindicatos han recibido Medidas de reforma de la protección del desempleo y de la Ley Básica de Empleo, e inmediatamente se han puesto en contra de la iniciativa del Gobierno. La nueva propuesta otorga la capacidad de decisión sobre la idoneidad de un puesto de trabajo a la Administración Pública, arrebatándosela al parado, que hasta ahora podía determinar si una oferta de trabajo se ajustaba o no a sus características. El desempleado que rechace una oferta que el Instituto Nacional de Empleo (INEM) considere "adecuada" para él perderá su prestación social. Esta medida le obligará a aceptar contratos de todo tipo (indefinidos, temporales, a tiempo completo o parcial, e incluso con un salario irrisorio) si no quiere que le retiren el derecho a cobrar la prestación por paro. La celebración del 1 de mayo se ha encaminado a protestar por esta medida. Pero la ley contiene otras ideas que tampoco sientan muy bien a los sindicatos, como la supresión de los salarios de tramitación. Actualmente, si una empresa despide a un trabajador y éste interpone una demanda por despido improcedente, la empresa debe abonarle su sueldo mientras se dicta sentencia, hasta un máximo de 60 días. Pasado este plazo, el Estado se encarga de seguir pagando al trabajador hasta que se resuelva la demanda. Para compensar la eliminación de los salarios de tramitación, el trabajador podrá empezar a cobrar la prestación por desempleo al día siguiente de ser despedido, si ha cotizado durante un año. El Gobierno también pretende deshacerse del régimen agrario especial (PER) establecido en Andalucía y Extremadura, asimilándolo al sistema contributivo de cotización general. Pero los sindicatos están dispuestos a hacer todo lo posible para que el Gobierno no se salga con la suya, y amenazan con convocar una huelga general.

Fotografía de Gema Diego