SIN CONCESIONES
Desacato a la Constitución
Por Pablo A. Iglesias
3 min
Opinión19-07-2010
Si los españoles tenemos miedo a algo, es a una pareja de la Guardia Civil. Vamos conduciendo por la carretera, un par de picoletos nos dan el alto y nosotros frenamos de inmediato. Respondemos los buenos días con suma educación, entregamos ordenadamente los papeles y procuramos ser lo más respetuosos posible con la autoridad. Todo para que no nos multen por desacato. Basta una palabra mal dicha, un gesto inapropiado o una voz más alta que otra para que el agente se sienta ofendido y pueda sancionarnos por un "delito que se comete calumniando, injuriando, insultando o amenazando a una autoridad en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas, ya de hecho o de palabra, o ya en escrito que se le dirija". Lo mismo puede ocurrir ante un juez. Hablar sin pedir permiso, emplear un tono fuera de lo común o saltarse las normas de un tribunal son motivos suficientes para ser acusado de desacato ante la Justicia. Ocurre con frecuencia en las películas pero puede pasarle a cualquiera en la vida diaria. La excepción son ciertos políticos sin respeto por nada ni por nadie. Algunos dirigentes no reparan en arremeter contra quienes rechacen sus postulados. Si es necesario, tachan de totalitarios e intolerantes a quienes piensen diferente; aunque en realidad sean ellos quienes se comportan como auténticos dictadores. Así ha reaccionado un amplio sector de los políticos españoles tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña. Presionaron al máximo a los magistrados, luego cuestionaron su legitimidad y ahora desoyen el fallo porque su contenido no les gusta. Políticos como José Montilla y Artur Mas han convocado una manifestación contra la decisión de la Justicia. Han llamado a la ciudadanía a la rebelión. Y han anunciado que no piensan cumplir la sentencia. Pero aún es peor: el presidente del Gobierno pretende modificar varias leyes para saltarse lo que establece el Tribunal Constitucional. Incluso, hay quienes proponen reformar la Carta Magna dado que la actual no permite llevar a cabo sus planes soberanistas. Puede que tras la victoria de España en el Mundial de Sudáfrica pase desapercibido. Puede que la mitad de los compatriotas no se hayan enterado de semejante desafío en pleno verano. Puede que hasta nos hayamos acostumbrado a los desvaríos de la clase política, especialmente los nacionalistas. Pero lo que están haciendo Montilla, Mas y Zapatero es de una gravedad extrema. Es tanto como hacerle la peineta al guardia civil que nos para en la carretera y proseguir, tras la denuncia, con un corte de mangas delante del juez. Es tanto como ser condenado y tratar de escaparse de prisión. Es tanto como querer que la Justicia esté sometida al poder político. Es tanto como aniquilar el Estado de Derecho. Es quebrantar el principio de división de poderes. Es creerse por encima de todas las cosas. Es burlarse de la igualdad entre españoles. Es un desacato en toda regla que alguien debería frenar. El Gobierno tendría que ser el primero en vigilar que se respeta el Tribunal Constitucional. Sin embargo, es el primero en saltárselo. En lugar de pedirle elecciones anticipadas, habría que exigir su dimisión.
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Pablo A. Iglesias
Fundador de LaSemana.es
Doctor en Periodismo
Director de Información y Contenidos en Servimedia
Profesor de Redacción Periodística de la UFV
Colaborador de Cadena Cope en La Tarde con Ángel Expósito