Comienza el proceso contra los jueces que declararon inconstitucional el ‘corralito’
Por Asún Losada
2 min
Economía10-02-2002
Después de que una comisión de diputados termine de investigar a los nueve jueces del Alto Tribunal para determinar si realizaron mal sus funciones en el parlamento, la Corte Suprema pretende juzgarlos y declarar su posible suspensión en el cargo de sus funciones.
Adolfo Vázquez, Gustavo López, Antonio Boggiano, Augusto Belluscio, Carlos Fayt, Julio Nazareto, Gustavo Bossert, Enrique Petracci y Eduardo Moliné O´Connor son los procesados que pasarán a disposición del juez antes de la semana próxima. El presidente de la comisión de Juicio Político, Sergio Acevedo aseguró que “existe la voluntad” de destituir a los miembros de la Corte Suprema “porque están dados los elementos para acusarlos por mal desempeño y delitos en la función pública”. Entre las causas de la acusación se encuentran desde expedientes relacionados con la exportación de armas y el atentado a la Embajada de Israel en 1992 hasta la actual actuación de los jueces en la congelación de los depósitos (corralito financiero) dispuesto por Fernando de la Rúa el pasado 3 de diciembre. Por otra parte, la decisión de la Corte Suprema de declarar inconstitucional el corralito ha contado con las críticas de Duhalde, quien ha organizado nuevas reformas en el sistema político y social argentino: la unificación de los programas sociales con un presupuesto de 1.500 millones de dólares, 6.000 millones para pagar intereses de deuda a organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y los bancos españoles. También se emitirán 3.500 millones de pesos para financiar los gastos; mientras que el recorte del 13 por ciento en los salarios públicos se mantiene y se rebajan en un 13 por ciento las partidas para las provincias. De este modo, el presupuesto para el 2002 prevé un déficit de un 15 por ciento y una caída de la economía en un cinco por ciento. Duhalde ha declarado que “no van a parar de gobernar” pese a las críticas que obtiene por parte de los analistas que ven increíble que al Fondo Monetario “no le resulte muy optimista el objetivo de la inflación”. Después de estas reformas, el presidente comenzará con el cambio judicial que impulsa un proyecto de ley en el que se reduzcan los costes provenientes del Consejo de la Magistratura creado en 1994 y la obligación a los jueces de que paguen el impuesto de la renta. La reforma política constará de medidas como la eliminación de la financiación de los partidos a través del empleo público, los subsidios y las becas además de reducir el número de diputados y concejales provinciales promoviendo cámaras únicas, la reducción a treinta días de la campaña del sistema electoral y la aplicación de la consulta popular.