ANÁLISIS DE ESPAÑA
Calles etarras
Por Alejandro Requeijo
2 min
España13-07-2008
Daniel Portero es el presidente de la asociación Dignidad y Justicia. Su padre, el fiscal Luis Portero, fue asesinado por ETA hace siete años. Le asestaron varios tiros en la cabeza en el portal de su casa. Lo de la fe en la Justicia le viene de familia. Decidió que su manera de vengar la muerte de su padre iba a ser dentro de las normas democráticas y confiando en las leyes. Prueba de ello es que tiene numerosas causas abiertas en la Audiencia Nacional más allá de las referentes a las calles dedicadas a ETA. Ha hipotecado dos veces su casa para poder pagar de su bolsillo costas de otras causas perdidas o los avales necesarios para personarse como acusación popular en diversos procesos. A diferencia de otras víctimas que todos conocemos, no busca micrófonos ni cámaras, simplemente una Justicia en la que, a pesar de todo, sigue creyendo. Y es que no es la primera vez que Daniel Portero se topa con esa costumbre que de cuando en cuando tienen los jueces de ponerse estupendos. Ahora la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dicho que hacerse el sueco ante la existencia de homenajes a ETA en tu municipio no es delito. Es decir, que si no has puesto tu la placa o el monolito, te puedes lavar las manos como Pilatos y listo. Incluso ya sabiendo que existen dichos reconocimientos, tampoco es delito no quitarlos. Como no los has puesto tu… Definitivamente, con esto los jueces de esa hoguera de las vanidades que es la Audiencia Nacional han demostrado haber perdido el pulso de la realidad sumergiéndose en sus leyes y otros intereses. Pero por encima de todo eso debería primar el sentido común. Igual que si yo no hago nada por evitar que una persona cometa un delito estoy incurriendo en un delito de encubrimiento, la Justicia debería evitar que los alcaldes de algunos municipios vascos miren para otro lado ante la infamia que supone dedicar avenidas y monumentos a asesinos. Un responsable público, ya sea un alcalde, un concejal o un presidente del Gobierno, tiene la obligación de velar y proteger las normas democráticas que sustentan el sistema que le mantiene en ese puesto. Independientemente de que sus decisiones vayan en contra de los intereses de la mayoría de sus ciudadanos, como puede ser el caso de algunos municipios vascos, hay unos límites que no se pueden obviar. Uno se imagina por un momento que haría un alcalde si el regidor anterior hubiese dedicado una calle al desalmado que violó a su hija. ¿Miraría también para otro lado y permitiría ese insulto?. Seguro que no. Seguro que la eliminaría nada más ser elegido alcalde. Pues con las calles a ETA, igual o más rápido.
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Alejandro Requeijo
Licenciado en Periodismo
Escribo en LaSemana.es desde 2003
Redactor de El Español
Especialista en Seguridad y Terrorismo
He trabajado en Europa Press, EFE y Somos Radio