SIN ESPINAS
La imposición de la mala fe
Por Javier de la Rosa
3 min
Opinión29-07-2007
El presidente Zapatero no descansa en sus ataques a los españoles que no piensan como él. Quiere imponernos su manera de pensar y actuar a través de los medios y resortes que su actual situación le brindan. En un nuevo capítulo protagonizado hace uno días durante la clausura de un acto de las Juventudes Socialistas advirtió a los objetores a la asignatura de Educación para la Ciudadanía que “la fe no puede imponerse a la leyes de la democracia”. La embriaguez dialéctica de esta persona le lleva frecuentemente a confundir churras con merinas. De tal confusión mal intencionada, inconsciente o una especie de imponderable entre la ignorancia y la maldad, este pseudo gobernante provoca espasmos mentales en cualquier oyente que esté algo instruido. Para empezar, las personas que han decidido objetar contra la ideología antirreligiosa que ha aprobado y pretende imponer su gobierno, lo único que han hecho es ejercer su derecho para negarse a ser obligatoriamente adoctrinados en un tipo de formación moral que contraría y violenta radicalmente su desarrollo personal; de acuerdo con los principios constitutivos del ser humano que conciben. Este es un derecho que otorga precisamente la Constitución democrática, que el propio Zapatero pervierte y malinterpreta con impunidad para justificar sus desmanes. Por tanto, “la mala fe” de este Gobierno no puede imponerse a los fundamentos constitucionales de la democracia. Eso es exactamente Educación para la ciudadanía. Un intento de subvertir el derecho a la libertad de conciencia en lo ideológico y religioso; convirtiendo al Estado en medio opresor para la intromisión en la vida privada de sus ciudadanos; en vez de en garante de esa libertad para cuya misión la sociedad española lo ha constituido a través de un ordenamiento jurídico. Por lo tanto, el Estado tiene que garantizar a través de su papel secundario en el ámbito de la educación la posibilidad de que sus ciudadanos puedan ser educados -en materia moral- en aquella instrucción que la persona adulta o su padre -en caso contrario- decidan. Si no, estamos hablando de una vulneración por parte del legislador estatal en la vida de los miembros que lo han creado. Según el principio de subsidiariedad, el Estado no puede justificar ninguna actuación cuyo fin sea dar primacía a cualquier interés que se anteponga a la dignidad de la persona. Es decir, que como instrumento que es, el Estado democrático que tiene un gobierno, un Parlamento y un ordenamiento jurídico no puede legislar ámbitos de la vida personal que no le competen sino sólo asegurarlos. Dicho esto, queda claro que uno es persona antes que ciudadano y que sólo compete a los padres decidir el tipo de formación moral que quieren para sus hijos. La leyes de la democracia están para avalar que las decisiones de esos padres han sido articuladas para llevarse a término, pero no le corresponde generar una única propuesta de contenidos que además quiere imponer. Otra cosa es que sin creer que existe la verdad, con un conocimiento difuso de lo que es y constituye la dignidad de la persona; sin saber en que se fundamentan la justicia y la libertad que tan ligeramente se menta, uno pueda llegar a conclusiones acertadas por muy presidente del gobierno que sea.
